Redacción
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva, donde se le imputa presunta responsabilidad como cómplice de fraude al Fisco. La indagatoria se centra en los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la fundación dirigida por su expareja, Daniel Andrade.
El Ministerio Público acusa a Pérez de tres delitos de fraude al Fisco, argumentando que estaba al tanto de la entrega de los convenios. Esta postura se vio reforzada tras la filtración de chats que forman parte de la carpeta investigativa, en los que se evidenciaría su conocimiento previo del caso y su conversación con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, antes de que el escándalo saliera a la luz.
Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra, acusándola de complicidad en el delito consumado de fraude reiterado. En el documento, se destaca la estrecha relación de la diputada con los otros tres imputados, en particular con Andrade, quien lideraba la fundación beneficiada con los convenios.
Ante este escenario, Pérez ha defendido su inocencia y ha criticado el actuar de la fiscalía, afirmando que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal”. La solicitud de desafuero abre un nuevo capítulo en la investigación, dejando en manos de la justicia la continuidad de su fuero parlamentario.
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