La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este martes 20 de mayo la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para la exdiputada Catalina Pérez, formalizada por el Ministerio Público como autora de tres delitos consumados de fraude al fisco. Los ilícitos habrían ocurrido en 2022, en el marco de los convenios irregulares firmados entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.
El tribunal de alzada rechazó los recursos presentados tanto por la defensa como por la Fiscalía, que buscaban modificar la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta. En su argumentación, la Corte sostuvo que se trata de hechos graves, con riesgo social, por lo que las medidas impuestas resultan proporcionales y suficientes para garantizar la seguridad de la sociedad.
“No puede olvidarse que estamos frente a hechos graves, hay peligro social y por tanto la seguridad de la sociedad debe también ser garantizada”, señala el fallo, agregando que no existen condiciones para disminuir la intensidad de las cautelares.
Según la acusación del Ministerio Público, Catalina Pérez estaba en conocimiento del acuerdo entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva y pareja de la diputada en ese entonces, para firmar tres convenios de forma irregular, los que nunca se ejecutaron en los campamentos de Antofagasta.
Estos convenios fueron suscritos entre septiembre y noviembre de 2022, con transferencias de fondos públicos por $200 millones, $170 millones y $56 millones, sumando un total de $426 millones entregados a la fundación sin que las obras se llevaran a cabo.
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