El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió sancionar al exalcalde de la comuna, Jonathan Velásquez Ramírez, con la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de cinco años. La decisión se tomó tras acoger el requerimiento presentado por los concejales y exconcejales Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Ignacio Pozo, Norma Leiva y Karina Guzmán, quienes lo acusaron de diversas irregularidades cometidas durante su gestión, principalmente vinculadas al abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa.
La resolución fue adoptada de manera unánime por los integrantes del tribunal, quienes dieron por acreditadas múltiples faltas, como la contratación directa sin respaldo legal, el uso indebido de abogados municipales en causas personales, la omisión en la entrega de información pública y deficiencias en la fiscalización del cierre del exvertedero La Chimba. En total, se le formularon 15 cargos, varios de ellos considerados suficientemente graves para aplicar la máxima sanción establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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Entre los fundamentos expuestos en la resolución, el fallo señala que Velásquez incurrió en una “conducta reiterada de incumplimiento de sus obligaciones como alcalde, demostrando una actitud de desprecio hacia las normas que rigen el actuar de la administración pública”.
El TER valoró como pruebas claves informes emitidos por la Contraloría General de la República, fallos de la Corte Suprema, documentos internos del municipio y declaraciones de funcionarios públicos. Estos antecedentes fueron considerados determinantes para sustentar la resolución sancionatoria contra Velásquez, quien ya no ejerce como alcalde tras no ser reelecto en los comicios municipales de 2024.
Pese a no estar actualmente en funciones, la sentencia tiene efectos administrativos y políticos de alto impacto, al impedirle asumir cualquier cargo público, sea electo o por designación, durante los próximos cinco años. La resolución ya fue notificada a las partes involucradas y puede ser apelada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), entidad que deberá ratificar o modificar lo dictado por el tribunal regional.
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