El Ministerio Público, hace unos días confirmó que investigará por oficio los contratos sostenidos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi Minvu de Antofagasta. Estos contratos, que son tres, suman más de 400 millones, recursos que se usarían en trabajos de campamentos. El caso resulta particular, dado que el representante de la fundación, Daniel Andrade, es pareja de la diputada Catalina Perez. A su vez, el ex seremi Minvu, Carlos Contreras, fue asesor de la diputada.
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Hoy jueves 22 de junio, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, que liderará la investigación, se refirió a las acciones que llevarán adelante como fiscalía. En primer lugar, comentó que buscará el trabajo que realizarán. “Lo que se investiga, es la comisión de distintos delitos. Dentro de ellos, se investiga tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco”.
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Respecto a que otros actores se sumen a esta investigación, ya sea a través de querellas, Aguilar fue claro. “Hasta este momento, no hemos recibido como fiscalía ninguna derivación de querella, proveída por los hechos en materia de esta investigación. En el evento de que así sea, se agregarán a la investigación ya iniciada”.
Finalmente, sobre las penas a las que se arriesgan las personas investigadas, el fiscal jefe de Antofagasta, comentó que, en general, son privativas de libertad. “Van desde los 541 días hasta los 10 años de privación de libertad. En términos generales, respecto a las figuras que he hecho mención”.
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