Redacción
Una denuncia se dio a conocer a la comunidad educativa de Calama luego de que Elizabeth Godoy, presidenta de la agrupación Calama Habla de Autismo, revelara que un menor con condición del espectro autista fue grabado al interior de la sala de clases de la Escuela Pedro Vergara Kéller, sin la autorización de su madre ni del niño. La situación habría generado además la acusación errónea hacia una profesional que trabajaba bajo la figura de tutora sombra.
“Tengo un caso de un chico de mi agrupación, donde fue grabado sin el consentimiento de la mamá, y lo peor de todo es que acusaron a una tutor sombra […] Resulta que ni siquiera el colegio sabía que estaban siendo grabados los niños, y lo peor de todo es que es por un tercero”, expresó Godoy, quien aseguró tener pruebas tanto del caso como de otros episodios anteriores.
La dirigenta enfatizó que el video podría haber sido malinterpretado por personas que no cuentan con formación en intervención terapéutica con menores neurodivergentes. “Estas imágenes […] cualquier persona lo puede interpretar, y sobre todo con niños”, advirtió, acusando además que “supuestamente estas imágenes se fueron al SLEP, y ellos pusieron una medida de protección, lo cual tribunales negó acoger porque no venía al caso, no había vulneración”.
Consultado por este medio, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur (SLEP) confirmó la existencia de cámaras de vigilancia en la Escuela Pedro Vergara Keller, indicando que estos dispositivos fueron instalados por el sostenedor anterior y que se mantuvieron operativos bajo un acuerdo de continuidad. Sin embargo, el organismo advirtió que el uso de estos equipos al interior de las salas de clases no está autorizado. “De acuerdo con la normativa de la Superintendencia de Educación, el uso de cámaras de vigilancia en las salas de clases no está permitido en los establecimientos educacionales”, señalaron desde el servicio.
Ante esta situación, el SLEP informó que ya inició un proceso de análisis para determinar las acciones que correspondan, en coordinación con la comunidad educativa y respetando estrictamente la normativa vigente. En su declaración pública, el organismo enfatizó que han mantenido comunicación directa con el director del establecimiento, Fundador Bustos Pereira, y aseguraron estar disponibles para continuar el diálogo con todos los actores involucrados. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con la creación de entornos educativos seguros y adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes”, añadieron.
Godoy, por su parte, lamentó la falta de respuesta de las autoridades educativas ante reiteradas solicitudes de reunión. “Pedí una reunión en febrero por la ley del lobby y hasta la fecha no tengo respuesta. Son las mismas personas que trabajaban anteriormente en Comdes […] A mí nadie me asegura la seguridad de mi hijo mandado al colegio y él tiene el derecho de ir a estudiar como cualquier otro niño”, agregó.
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