Redacción
Durante la mañana de este martes, el abogado y dirigente de FENAPO Calama y de la Corporación Yareta, Sergio Chamorro, anunció en el programa Punto de Prensa de Radio María Reina que el Primer Tribunal Ambiental declaró admisible la primera demanda ciudadana de Calama contra el Estado de Chile por daño ambiental. La acción fue interpuesta por 22 organizaciones sociales junto al municipio de Calama, convirtiéndose en un hito jurídico y político en la lucha por justicia ambiental en la zona.
“Esto ya abre la puerta para que el Estado pueda responder por el abandono histórico con Calama”, afirmó Chamorro, quien lidera la presentación legal. El dirigente valoró que el tribunal haya reconocido el fondo y forma de la demanda, considerándola seria y pertinente. “Es como anotar el primer gol en un partido que recién comienza, pero que por primera vez se juega en una cancha donde se escucha la voz de Calama”, graficó.
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El abogado recalcó que no se trata de una iniciativa individual ni improvisada, sino de una acción “co-construida por las organizaciones sociales a lo largo de más de una década de trabajo”. En ese contexto, destacó que la adhesión del municipio da aún mayor legitimidad a una demanda que ha recorrido múltiples instancias: desde mesas con autoridades locales hasta el Congreso Nacional.
Uno de los puntos más críticos mencionados por Chamorro fue la crisis por material particulado fino (MP10) en la comuna, donde las estaciones de monitoreo han registrado niveles que superan en un 106% la norma nacional, establecida en 50 microgramos por metro cúbico. “Hoy no solo estamos respirando polvo, estamos comiendo tierra”, advirtió. Relató incluso que el filtro de una estación ciudadana mostró una concentración alarmante de partículas, confirmando el deterioro extremo de la calidad del aire.
Chamorro también cargó contra la llamada Mesa de Transición Justa, calificándola como una instancia vacía de contenido y utilizada “como pasarela de empresas contaminantes”. A su juicio, las soluciones ofrecidas han sido cosméticas: “Mostraron barredoras, promesas vagas y pavimentaciones. Pero en el fondo, no hay decisiones vinculantes ni políticas serias”.
Tras la admisión a trámite, el caso fue derivado al Segundo Tribunal Ambiental en Santiago para continuar el proceso y el Consejo de Defensa del Estado tendrá 15 días hábiles para responder oficialmente. Desde el equipo jurídico esperan que este hito marque un antes y un después en la relación entre el Estado y la comuna. “Lo que buscamos es dignidad para esta tierra. La capital minera de Chile no puede seguir siendo la billetera del país sin derechos”, remarcó.
Chamorro también advirtió que el tan anunciado plan de descontaminación aún no existe formalmente, pese a haberse solicitado una prórroga hasta 2026. “Mientras ellos piden tiempo, nosotros respiramos veneno. Esa es la urgencia que esta demanda intenta visibilizar”, concluyó.
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