La Comunidad Atacameña de Socaire (CAS) ha alzado la voz en medio de los avances del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para implementar las áreas protegidas de la Red de Salares Protegidos (RSP) en el Salar de Atacama. Aunque el Gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, ha destacado la relevancia de esta iniciativa, la CAS ha denunciado una falta de voluntad política para abordar el saneamiento de sus tierras ancestrales, un proceso que consideran esencial antes de avanzar con la protección ambiental.
Según la presidenta de la CAS, Sandra Cruz, el territorio ancestral reclamado por la comunidad ha sido reconocido históricamente por el Estado, incluyendo actualizaciones realizadas en 2023. Sin embargo, el Gobierno ha priorizado la implementación de la RSP sin avanzar en la restitución de títulos de propiedad. “El Gobierno no ha tenido la voluntad de sanear esos títulos, sino que solo nos ha autorizado el uso de tierras mediante concesiones temporales y ahora nos exige renunciar a nuestros derechos territoriales ancestrales”, declaró Cruz.
La comunidad subraya que su postura no va en contra de la protección ambiental, sino que busca un equilibrio que respete sus derechos. Los territorios en disputa incluyen sitios significativos como el Salar de Capur, Salar de Aguas Calientes 3, Salar de Talar, Laguna Tuyajto, y Salar El Laco, todos relevantes para actividades tradicionales y turísticas de la comunidad. “Como comunidad valoramos el concepto de la protección, pero necesitamos el compromiso del Gobierno para avanzar de manera efectiva y expedita”, enfatizó Cruz.
Además, la CAS ha comenzado a trabajar en una propuesta con criterios y lineamientos para colaborar en los Informes Técnicos Justificatorios del MMA. Estos informes serán determinantes para la definición final de las áreas protegidas en el Salar de Atacama. La comunidad espera que estas propuestas sean recibidas por la autoridad para iniciar un diálogo constructivo que contemple tanto la conservación ambiental como el cumplimiento de las leyes indígenas.
La situación refleja una creciente tensión entre las políticas de conservación y los derechos de los pueblos originarios. Para la CAS, el desafío radica en garantizar que los esfuerzos por proteger los ecosistemas no pasen por alto la importancia de respetar los derechos patrimoniales de las comunidades ancestrales que, históricamente, han convivido en equilibrio con estos territorios.
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