Redacción
La Corte Suprema fijó para el lunes 7 de abril la audiencia en la que revisará el desafuero de la diputada Catalina Pérez, medida que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva. El fallo en primera instancia, emitido de manera unánime por los cinco ministros del Tribunal Pleno, concluyó que existen antecedentes suficientes para acoger la solicitud del Ministerio Público y permitir la formación de causa.
Según la sentencia, la diputada mantenía vínculos con los responsables de los convenios investigados y tenía poder político y laboral sobre ellos. Además, el documento judicial sostiene que “existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que [Pérez] conoció su suscripción” y que incluso participó en la recopilación de antecedentes necesarios para su concreción, pese a que la fundación Democracia Viva no cumplía los requisitos para recibir fondos públicos.
La defensa de Pérez presentó una apelación en la que desestima las acusaciones y cuestiona la falta de pruebas en la solicitud de desafuero. Según su argumentación, la Fiscalía basa su imputación en hechos sin respaldo documental ni testimonios que vinculen a la diputada con la adjudicación de los convenios, enfatizando que los mensajes de WhatsApp citados en la investigación son posteriores a los contratos cuestionados. Además, sostienen que el fallo de la Corte de Apelaciones excedió los puntos en discusión, afectando el derecho de defensa y volviendo irracional el análisis de la prueba.
Con la audiencia ya programada en la Corte Suprema, la parlamentaria enfrenta un escenario clave que definirá si se confirma o revierte su desafuero, en una causa donde se le acusa de fraude al fisco reiterado.
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