Redacción
Enfrentamos una de las crisis más complejas de las últimas décadas debido al brote del COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y la que además de su dimensión sanitaria tiene efectos socioeconómicos que golpean fuerte a las familias chilenas.
En este contexto, el gobierno ingresó el lunes pasado, una semana después de haberlo anunciado, el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se aprobó en general en la Cámara de Diputados y si bien se le pudo hacer algunas modificaciones previo al próximo trámite legislativo en el Senado, la iniciativa sigue resultando insuficiente y consagra la letra chica como un hábito de la administración de Sebastián Piñera.
Lo anterior, porque tras el rimbombante anuncio hay una omisión importante: la clase media.
La propuesta gubernamental es inferior a la línea de pobreza extrema, de acuerdo a los parámetros que define el propio Ministerio de Desarrollo Social, dejando a miles de familia en la necesidad de salir a buscar ingresos para subsistir y exponiéndose al COVID-19. Además, el aporte del IFE irá decreciendo mes a mes, en circunstancias que nos acercamos al periodo más crítico de la crisis sanitaria en razón del alza de enfermedades respiratorias proyectado para la estación de mayor frío.
Asimismo, hay que considerar que el Banco Central anticipa una fuerte recesión económica para el presente año con caídas pronunciadas en la producción y mayor aumento del desempleo.
En este escenario, si ponemos atención a lo que pasa en Calama, por ejemplo, queda aún más en evidencia lo insuficiente que resulta el proyecto del gobierno. La principal actividad económica de la llamada “billetera de Chile” es la minería del cobre, sector que sólo en la zona ha experimentado una reducción de personal de unos 7 mil 500 trabajadores, cuyas familias recibirán menos ingresos y ello repercutirá en la cadena productiva local. De hecho, un dato que bien refleja esto es que las ferias establecidas ya han experimentado bajas en sus ventas de hasta un 80%, debiendo muchos feriantes cerrar sus puestos y quedando en una situación de precariedad alarmante.
Por todo esto es que desde la oposición promovemos una Renta Básica de Emergencia (RBE), que asegure un ingreso digno a las familias y que no disminuya mes a mes, buscando que las personas puedan cuidarse y no se vean en la obligación de salir en búsqueda del sustento diario.
En concreto, la RBE implica la entrega de un monto que supere la línea de la pobreza ($450 mil para una familia de cuatro personas), a todas aquellas familias pertenecientes al 90% más vulnerable del país, otorgándose de manera fija por cuatro meses.
Si hay reservas, fondos soberanos o capacidad de deuda hay que echarle mano en momentos como este. Estamos viviendo una emergencia sanitaria y socioeconómica con efectos impensados y no hay que escatimar en destinar los recursos necesarios para el bienestar de la población, esa debe ser la principal preocupación, pues sólo así podremos proyectar la recuperación en materia sanitaria y económica.
Miguel Ballesteros Candia (RD).
Vocero Recuperemos Calama.
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