Hace unos días se conoció un nuevo dictamen emanado de la Contraloría General de la República referido a las máquinas de juego que se explotan por comercios que solicitan patentes municipales para funcionar.
En este se ratifican criterios que imperan en dicho órgano contralor desde hace por lo menos 13 años, con el dictamen Nº 11.195 de 2006. No obstante, este documento pareció causar novedad en algunas municipalidades del país, entre ellas, precisamente la de nuestra comuna.
Tanto así, que entrevistado por el Mercurio de Calama, el día 08 de octubre recién pasado, el asesor jurídico de la municipalidad, José Vilches, señala que se deberá estudiar este pronunciamiento, que lo aplicarán recién el próximo año y que tendrán que ver también cómo se lo toman los contribuyentes.
Llama la atención los lineamientos que fija la intervención de Vilches frente a un tema en el cual existe meridiana claridad.
Los locatarios que explotan máquinas de juego en nuestra ciudad nunca acreditaron la supuesta naturaleza de “destreza” que aquellos artificialmente les atribuyen a tales dispositivos y, por lo tanto, aquellas son de azar y consecuencialmente ilegales.
Lo anterior lo digo con conocimiento de causa. Me desempeñé por seis años en la asesoría jurídica de la municipalidad, tiempo en el que, precisamente, con eficacia y eficiencia el gobierno local de la época (2010-2016) logró erradicar este tipo de comercios.
Lamentablemente, hace pocos años estos establecimientos han proliferado nuevamente y desde Latorre esquina Vicuña Mackenna solo se divisan miradas cómplices que consienten la transgresión de normas constitucionales, civiles e inclusive penales.
Preocupa esta situación, especialmente cuando durante estos días hemos sobrevivido a una seguidilla de homicidios y más cuando no es un secreto para nadie que tales locales son un caldo de cultivo para una serie de situaciones reñidas con la ley.
En Calama no queremos que se repliquen situaciones como la ocurrida en un local de tragamonedas de la comuna de Puente Alto el 08 de agosto pasado y que dejó cinco víctimas fatales. Luego, es legitimo cuestionarse ¿cuál será la directriz que está siguiendo el municipio en materia de seguridad pública?.
Luis Patricio Villaseca Soto
Abogado PUCV
Presidente InnovAcción
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