Tras un homicidio ocurrido durante la madrugada del jueves y reiteradas denuncias de extorsión en el campamento La Negra de Antofagasta, el diputado Sebastián Videla exigió una intervención urgente por parte del Ministerio de Seguridad y de las policías. Vecinos del sector afirman vivir bajo constantes amenazas.
En este campamento residen cerca de 3.000 personas. Una de las vecinas expresó su preocupación comentando que lleva más de 15 años viviendo en La Negra y que jamás había presenciado una situación como la actual. Dijo sentirse sorprendida por los niveles de delincuencia y aseguró que “esto fue la gota que rebasó el vaso, ya la delincuencia está desatada acá arriba”. Otra vecina relató que ha recibido amenazas a través de mensajes por WhatsApp, lo que ha incrementado el temor en la comunidad.
Un vecino del lugar vinculó el deterioro de la seguridad con el aumento de población migrante. Relató que desde su llegada “empezó a empeorar todo” y que ha sido testigo de asaltos a camioneros, incluso con armas blancas, al salir de los cajeros automáticos. Además, expresó que sienten abandono por parte de las autoridades, ya que “uno no sabe si está trabajando y al otro día va a amanecer vivo o no”.

Otra vecina denunció un intento de robo en su vivienda, frustrado por la presencia de sus perros. Aseguró estar afectada emocionalmente, con problemas para dormir y mayor angustia desde que ocurrió el asesinato. “Les pido que por favor nos ayuden con seguridad, estamos muy nerviosos. No quiero ni salir a la calle”, dijo.

Videla visitó el sector y se reunió con la esposa de la víctima fatal, además de varios residentes, quienes le relataron situaciones de amenazas, extorsiones y robos tanto a camioneros como a empresas de la zona. El parlamentario hizo un llamado a que las autoridades tomen cartas en el asunto y solicitó que las policías realicen un empadronamiento para identificar a quienes habitan el campamento.
También solicitó la expulsión inmediata de todos los extranjeros con orden vigente, insistiendo en que “el norte no puede seguir siendo tierra de nadie” y que el Estado debe actuar con decisión para proteger a los vecinos.
