El recién electo concejal de Calama por el Partido de la Gente (PDG), Jorge Anza Vélez, enfrenta una querella criminal presentada por Henry Maizares Hatte y Henry Maizares Álvarez. Los hechos ocurrieron antes de las elecciones municipales de octubre de 2024 y derivaron en una acusación por los delitos de amenazas simples reiteradas y violación de morada, según el Código Penal. El Ministerio Público lo imputa y solicita la imposición de penas que alcanzan los 540 días de presidio menor en su grado mínimo para cada delito, junto con las accesorias legales y condena en costas.
El conflicto comenzó por un muro divisorio entre las propiedades de los querellantes y el acusado en calle Sotomayor, Calama. Tras un juicio civil, el acusado no cumplió con la reconstrucción acordada, lo que llevó a los Maizares a realizar la obra por su cuenta. Según los querellantes, desde ese momento Anza Vélez habría comenzado a hostigar y amenazar, dificultando el avance de la construcción e ingresando sin autorización a su propiedad.
De acuerdo con la querella, el 6 de abril de 2023 Anza ingresó nuevamente a la propiedad sin permiso y, según los denunciantes, profiriéndoles amenazas verbales. Ante estos hechos, los querellantes llamaron a Carabineros, quienes al llegar al lugar constataron lo exaltado que estaba el acusado. Al solicitarle su cédula de identidad y no presentarla, los uniformados procedieron a detenerlo.
El Ministerio Público, basándose en los antecedentes reunidos, acusa al edil por los delitos de amenazas simples y violación de morada. Por ambos cargos, solicita un total de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más las penas accesorias y costas. Pese a las reiteradas reprogramaciones del juicio simplificado, la audiencia definitiva quedó fijada para el 16 de enero de 2025, a las 11:30 horas.
La situación legal del concejal Jorge Anza Vélez genera controversia, dado su reciente elección al cargo y su rol como representante público. El caso pone a prueba el compromiso del Partido de la Gente con la transparencia y el respeto a la ley, mientras los querellantes exigen justicia y la reparación de los daños sufridos. Como medio, intentamos comunicarnos con el imputado para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
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