El documento ingresado a la cámara baja, busca que el Estado se haga cargo de perseguir al deudor y del pago de la pensión alimenticia. “Con esto, nos hacemos cargo de que las familias recibirán la pensión de alimentos y no va ser una carga de la mujer tener que perseguir al deudor en tribunales”, indicó Catalina Pérez, diputada del Distrito 3 y firmante del proyecto.
Según indica el documento, con datos obtenidos hasta julio de 2020, había un 84% de pensiones de alimentos impagas, lo que representa que al menos 70 mil niños, niñas y adolescentes no recibían su pensión.
En la misma línea, el proyecto señala que de las pensiones adeudas, el 90% debía ser cancelada por un hombre, a lo que Pérez argumentó que “son muchísimas las madres que viven con esta preocupación, las que tienen que perseguir a los padres de sus hijos, pagar un abogado, sumado a todo el costo emocional que conlleva tener que hacerse cargo de la crianza de manera solitaria”.
Cabe destacar que la Ley de Pensión de Alimentos Garantizada busca modificar la Constitución, al agregar un nuevo numeral al artículo 19, que establecería la pensión alimenticia como parte integral del derecho a la seguridad social.