En lo que podría ser una nueva arista del “Caso Convenios”, el diputado José Miguel Castro, junto a la bancada RN, solicitaron al contralor Jorge Bermudez, investigar el traspaso de $629.815.000 millones a la fundación ProCultura. Los montos, fueron entregados por parte del Gobierno Regional a dicha fundación, en el marco de la ejecución del “Programa recuperación zona de conservación histórica Antofagasta”.
El diputado José Miguel Castro, cuestionó que la contraloría regional de Antofagasta, haya visado este trato directo. Calificó la situación como “sumamente grave, porque si no confiamos en el buen quehacer de la propia Contraloría, estamos en el peor de los mundos”. Al respecto, complementó que el contralor “debe pronunciarse con respecto al porqué visaron un trato directo a una fundación que pretendía arreglar y mejorar fachadas de mi región, si es que no tenía un giro para eso”.
Tras esta denuncia, el Gobierno Regional emitió un comunicado público, en el que explica cómo se realizó este trato. “El proyecto fue evaluado conforme a la regulación del Sistema Nacional de Inversiones. Para su priorización tuvo numerosas revisiones, entre ellas, la acreditación de la fundación como entidad subejecutora por parte de la SUBDERE, aprobación técnica del programa por parte del gobierno regional, aprobación del Consejo Regional, aprobación mediante toma de razón de la Contraloría y la aprobación de la asignación presupuestaria de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRES)”.
Junto con aclarar que dispondrán de todos los antecedentes de este trato ante la Contraloría, desde el Gobierno Regional se mostraron contrarios a un posible aprovechamiento político en torno a esto. “Manifestamos nuestra preocupación por los intentos de aprovechamiento político utilizando la desinformación que busca sembrar dudas sobre todo el trabajo del Estado y la cooperación pública-privada”.
La consejera regional Alejandra Oliden, comentó que, en la carta gantt del proyecto original, no se informa la cantidad de fachadas a intervenir. A pesar de ello, están recabando los antecedentes. “Los edificios patrimoniales y las fachadas tienen un costo superior a una fachada normal. Estas necesitan un tipo de permiso especial, y profesionales acreditados para intervenir este tipo de edificios. Por eso, los costos son más altos que una fachada normal”.
Finalmente, Oliden se refirió al camino seguido por el proyecto hasta su aprobación. “Este proyecto fue analizado y respaldado por la SUBDERE. Esta, dio el visto bueno al programa. Estaba respaldado por ellos. Después, este programa pasó a la comisión de educación y cultura del concejo regional, encargada de analizar este proyecto. Ellos nos recomendaron aprobarlo”.
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