La tesorera del Hospital Regional de Antofagasta fue formalizada por la Fiscalía Local de Antofagasta debido a los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. La imputada, quien ocupó su cargo entre 2015 y octubre de 2024, habría sustraído una suma cercana a los 120 millones de pesos provenientes de ingresos recaudados por el hospital y fondos de pensiones de pacientes críticos del Servicio de Psiquiatría.
Durante la audiencia, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que la funcionaria aprovechó su posición para llevar a cabo diferentes maniobras con el objetivo de sustraer dinero de las cajas del hospital. Además, se señaló que la imputada ocultaba el origen del dinero realizando depósitos en su cuenta personal del BancoEstado, luego transfería los fondos al Banco de Chile y los utilizaba en el pago de tarjetas de crédito, gastos personales y viajes familiares.
La investigación se inició luego de una denuncia presentada por el director del hospital, la cual dio lugar a una orden de investigación a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. A pocas horas de recibir la denuncia, se emitió una orden de detención contra la tesorera, quien posteriormente reconoció los hechos tanto ante el hospital como ante la Policía de Investigaciones.
El jefe de la Bridec, Subprefecto Néctor Rojas Leyton, indicó que la investigación incluyó el análisis de las cuentas bancarias de la imputada y la toma de declaraciones a testigos. “Los detectives lograron establecer que la tesorera se había apropiado de aproximadamente 120 millones de pesos, lo cual fue corroborado mediante arqueos a las cajas del hospital”, precisó Rojas.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando el peligro que la imputada podría representar para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal decidió imponer medidas menos restrictivas, tales como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. La investigación se prolongará por un plazo de 150 días, durante los cuales la Fiscalía y la PDI continuarán con las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.
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