Mientras seguimos experimentando los efectos de una respuesta deficiente a la pandemia, parte de la discusión pública se ha dirigido a la necesidad de acordar una hoja de ruta de reactivación económica que considere todas las voces y que haga frente a la recesión que comenzamos a experimentar.
Dicha reactivación debiera estructurarse sobre nuevos parámetros de justicia ambiental, económica y laboral que se hagan cargo de aquellos conflictos estructurales que se han venido agudizando en los últimos años. En ese sentido, una reactivación verde se vuelve imprescindible para hacer frente a una crisis climática y ecológica aún más amenazante.
Pero ¿qué características debe adoptar una reactivación sostenible? En primer lugar, contemplar una reflexión sobre los cimientos del sistema económico y el rol del Estado, abandonando una visión que ha limitado su papel a un rol subsidiario y neutral frente a las necesidades y a un modelo evidentemente agotado. Resulta trascendental optar por medidas que apunten a la doble tarea de avanzar de la mano de la innovación en una rápida transformación ecológica, así como atender apropiadamente fenómenos como la automatización, promoviendo la creación de empleos de calidad.
Algunas medidas en esa línea son la expansión del sector de Energías Renovables no Convencionales, con foco en generación distribuida y residencial o potenciar modelos sustentables de producción y distribución en el sistema agroalimentario que permitan avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria.
La pregunta de cómo financiar este ambicioso plan es relevante, y la respondemos desde el mandato de generar redistribución de la riqueza y de las cargas ambientales. En momentos de crisis, la reactivación no puede recaer en los hombros de las familias, sino que debe ser financiada por quienes más han acumulado, que son consecuentemente quienes más han contribuido a la crisis ecológica y están menos expuestos a sus consecuencias. Ante este escenario, la propuesta que el Frente Amplio ha defendido desde la última elección presidencial consiste en crear un impuesto al patrimonio de los súper ricos y los impuestos verdes hoy toman mayor urgencia y viabilidad para enfrentar las consecuencias de la pandemia.
Debemos avanzar hacia la democratización y territorialización del modelo económico, pues de nada sirve dirigir los esfuerzos reactivadores hacia los grandes consorcios, mientras las PYMES luchan contra la concentración económica. Asimismo, no podemos continuar con el diseño y aprobación de inversión a través de criterios que no toman en cuenta las decisiones de los territorios donde ellos se ejecutan, y terminar con las lógicas productivas del establecimiento de zonas de sacrificio como ocurre en nuestra región.
Apuntamos, en definitiva, a diseñar una nueva senda de desarrollo que supere el neoliberalismo y establezca el camino de superación del capitalismo, cuya dinámica de acumulación de riqueza y crecimiento económico infinito es incompatible con los límites de la biósfera como con los de la sana convivencia democrática. La necesidad de volver a discutir sobre el rol del Estado en los procesos económicos, los bienes comunes, la infraestructura y la innovación es urgente, y vemos tanto en los planes de reactivación como en el proceso constituyente oportunidades para enmendar el rumbo.
Catalina Pérez Salinas (RD).
Diputada por la Región de Antofagasta
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