La reciente reforma a la Ley de Migraciones, actualmente en discusión en el Pleno tras su primer trámite en la Comisión, busca fortalecer la capacidad de control en las fronteras y mejorar la fiscalización de extranjeros en el país. Miguel Ballesteros Candia, delegado presidencial provincial de El Loa, destacó que esta medida permitirá una mayor coordinación entre la Policía, organismos fiscalizadores y el Servicio Nacional de Migraciones. “Es una buena noticia, toda vez que nos permite fortalecer la capacidad de control y gestión de fronteras”, comentó Ballesteros.
Esta reforma, impulsada por el Gobierno, incorpora sanciones más severas para quienes incurran en delitos graves, como violencia intrafamiliar, infracciones a la Ley de Control de Armas y delitos relacionados con drogas. Según Ballesteros, los extranjeros que cometan estas faltas enfrentarán la expulsión del país. “La expulsión es definitiva para quienes incurran en delitos tipificados en el control de armas y en la Ley de Drogas, entre otros”, explicó.
En cuanto al proceso de expulsión, Ballesteros aclaró que, si bien es un procedimiento inmediato, respeta los derechos de los implicados, quienes tienen la oportunidad de presentar sus descargos. “La notificación se ha simplificado con el uso de cartas certificadas, evitando el trámite personal”, afirmó, subrayando que estos cambios acelerarán los tiempos de respuesta.
Ballesteros también destacó que la reforma aborda problemáticas de convivencia ciudadana, incluyendo sanciones para riñas, ruidos molestos y comercio ambulante. “Estos hechos estarán dentro de las infracciones consideradas por el Servicio de Migraciones”, puntualizó el delegado, resaltando que las medidas mejorarán la convivencia y el orden público en el país.
Finalmente, el delegado agradeció el apoyo de los parlamentarios y de la Comisión que ha permitido el avance de esta reforma, vigente desde febrero de 2022. Ballesteros concluyó que, con estas modificaciones, se subsanan las deficiencias que la administración actual encontró en el sistema migratorio, especialmente en lo que respecta a la tipificación de delitos y la eficiencia de las expulsiones.