Luego de años de investigación y juicios en torno a la operación Caravana de la Muerte que pasó por Calama, dejando 26 personas muertas por miembros del Ejército, bajo el contexto del Golpe Militar y delitos políticos, la Corte Suprema dictó sentencias definitivas en contra de miembros militaron que lo ejecutaron.
“Que el 19 de octubre de 1973, funcionarios del Ejército, entre ellos un General del Ejército actuando como Oficial Delegado del Comandante en Jefe de la Junta de Gobierno, que provenían desde Santiago, arribaron el mismo día en un helicóptero ‘Puma’, hasta el Regimiento de Infantería N°15 de Calama, donde procedieron junto a efectivos de dicho Regimiento a retirar y sustraer, sin derecho ni decreto alguno, desde la Cárcel Pública de Calama a 26 personas que se encontraban detenidas por la autoridad militar, las que trasladaron a un sector desértico denominado ‘Topater’, lugar en que, los mismos funcionarios que arribaron en el helicóptero junto a efectivos del Regimiento, utilizando armas de fuego los ejecutaron”, explicó en la sentencia de primer grado, el ministro en visita Hernán Crisosto.
La Sala Penal, los responsabilizó de los delitos de secuestro y homicidio calificado de 26 víctimas ejecutadas ilegalmente en octubre de 1973 y por la posterior exhumación ilegal de sus cuerpos a inicios de 1976.
“Posteriormente, a fines de 1975 o comienzos de 1976, se instruyó, al personal antes mencionado para desenterrar los cadáveres antes referidos, quedando restos en el mismo sitio, diligencia que dirigió el mismo Oficial que estuvo a cargo del entierro original de las víctimas y que se llevó a efecto sin cumplirse con las disposiciones reglamentarias y legales correspondientes, cubriéndose de nuevo la fosa con tierra. Los restos de los ejecutados a que se ha hecho referencia fueron depositados en bolsas colocadas en un vehículo militar y transportadas a otro sector (denominado ‘Moctezuma’), como a 1.000 metros hacia el oriente del lugar inicial del entierro, donde nuevamente fueron enterrados en una fosa ya preparada para el efecto, que se cubrió asimismo con tierra y piedras. Todo lo cual ocurrió mientras se realizaba un ejercicio militar que permitió cerrar el paso en el camino ya referido y poder llevar a cabo el cometido”, añadieron en el fallo, donde además señalaron, que 15 días después, los cadáveres fueron puestos en una fosa común, para luego meterlos en bolsas y en un avión de la Fuerza Aérea, lanzarlos al mar.
“Los hechos relatados ocurrieron en el contexto de un estado excepcional que vivía el país a partir del 11 de septiembre del año 1973, sin respetarse los derechos fundamentales de las víctimas, quienes fueron primeramente privadas de la vida, mediante ajusticiamiento, para luego ser enterradas, ocultándose toda información sobre el lugar en que se habían depositado los restos; siendo estos posteriormente desenterrados, sin respetarse como antes se dijo las normas legales, sanitarias y reglamentarias sobre exhumaciones, para hacerlos desaparecer seguidamente, con el propósito notorio y preciso de dejar en la impunidad a los autores del hecho ocurrido en la ciudad de Calama el día 19 de octubre de 1973”, se indica en el escrito.
Sentencias
Ante estos hechos que fueron confirmados y lograron, recabar la mayor cantidad posible de pruebas que los vincularon con esta operación, las sentencias fueron las siguientes: Se confirmó la pena única de presidio perpetuo simple impuesta a los exoficiales Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli Fullerton por su responsabilidad, como autores, de 21 homicidios calificados y cinco secuestros calificados de víctimas que fueron finalmente fusiladas en el sector del cerro Topater, comuna de Calama; Por su parte, Carlos George Max Langer von Furstenberg, Hernán Rómulo Núñez Manríquez y Víctor Ramón Santander Véliz deberán cumplir 15 años y un día de presidio como autores del delito consumado y reiterado de homicidio calificado; En el caso de Emilio Robert de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco Gallardo fueron sentenciados s 12 años de presidio, en calidad de autores de delito reiterado de homicidio calificado y finalmente, se confirmó la sentencia que revocó la absolución de Óscar Figueroa Martínez y en su lugar se le impuso la pena de 16 años de presidio, como autor del delito reiterado de homicidio calificado.
También, Héctor José Iturra Orrego fue condenado a 230 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional, como cómplice de las exhumaciones.
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia impugnada, con declaración que se condena al fisco a pagar a Germán Berger Hertz, hijo de Carlos Berger Guralnik, la suma de $100.000.000, por concepto de indemnización por daño moral.
Víctimas
Cabe mencionar, que las 26 víctimas fueron sacadas desde uno de los turnos en la planta de Explosivos Dupont de empresa ENAEX y desde ahí su familia no los vio nunca más. Las personas que fueron ejecutados en esta operación son: Mario Argüelles Toro, Carlos Alfredo Escobedo Cariz, Luis Alberto Hernández Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Jorge Jerónimo Carpanchay Choque, Luis Alberto Gaona Ochoa, José Rolando Hoyos Salazar, Roberto Segundo Rojas Alcayaga, Carlos Berger Guralnik, Bernardino Cayo Cayo, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Domingo Mamani López, Jorge Rubén Yueng Rojas, Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Luis Moreno Villarroel, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Sergio Moisés Ramírez Espinoza y Víctor Alfredo Ortega Cuevas, sus restos óseos fueron encontrados e identificados, en tanto Haroldo Cabrera Abarzúa, David Ernesto Miranda Luna, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Alfonso Piñero Lucero y Milton Alfredo Muñoz Muñoz.
Todos ellos (la mayoría de ellos totalmente desaparecidos) y sus familias, con esta sentencia, recibirán un poco de justicia, luego de 49 años.
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