La Fiscalía de Antofagasta formalizó hoy por 4 delitos de fraude al Fisco y 1 delito de lavado de activos, a la representante legal de Fundación TomArte, Kelly Betancourt Acosta, por convenios suscritos entre dicha fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo el año 2022, con cargo al Programa de Asentamientos Precarios del MINVU.
Se trata de la segunda formalización realizada en esta causa, toda vez que el lunes y martes de esta semana, la Fiscalía formalizó investigación en contra del ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, por delitos reiterados de fraude al fisco.
Al igual que en el caso de Contreras, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dispuso para la imputada Betancourt la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando un plazo de investigación común de 75 días.
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Según los antecedentes expuestos por el fiscal Cristian Aguilar Aranela, el imputado Carlos Contreras intervino de manera directa para favorecer a TomArte, representada legalmente por Betancourt Acosta, con la asignación de cuatro convenios por un total de 456 millones de pesos, destinados a ejecutar obras de habitabilidad primaria en campamentos de Antofagasta.
Todo esto -agregó el fiscal- lo habría realizado sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos de antigüedad y experiencia para ser receptora de los fondos, ni tomar medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de los convenios, sea mediante la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento por parte de TomArte.
Respecto a Betancourt, el persecutor manifestó que dicha imputada, con evidente ánimo de lucro, se auto contrató para prestar funciones a título de honorarios en al menos tres de los convenios suscritos, percibiendo recursos por un total de 15 millones de pesos.
El fiscal también detalló que en octubre de 2023 la imputada procedió a disponer de la totalidad de los fondos que a esa fecha permanecían en la cuenta corriente de la fundación (330 millones de pesos) y que correspondían íntegramente a fondos provenientes de los convenios aprobados, tomando un vale vista nominativo a favor de la TomArte, gestión que no estaba autorizada, ni fue informada al MINVU o al Consejo de Defensa del Estado.
Tras escuchar a los intervinientes, la magistrada Claudia Campusano Reinike, consideró que existen antecedentes suficientes que apuntan a la existencia de los delitos por los cuales la imputada fue formalizada, disponiendo que su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y, por lo tanto, dando lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
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