Nuevamente, la Contraloría, tras una revisión, detectó irregularidades en la Comdes. En esta ocasión, el ente fiscalizador, aseguró que son poco más de $600 millones gastados, que no están justificados. Los montos corresponden a fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), ocurriendo las irregularidades en la administración anterior, presidida por el ex alcalde de Calama, Daniel Agusto.
El Director Ejecutivo de Comdes Calama, Humberto Arraya, dijo que “nos encontramos otra vez con unas irregularidades tremendas, con una deuda de 309 millones de pesos que están sin justificar y que vienen de bastantes años atrás. Sobre eso no hay argumentos, en el año 2020, no respondieron sobre esta situación y nosotros hemos estado buscando las formas para responder. Nos dan 60 días para responder sobre estos recursos que no han sido acreditados. La ley 20.248 dice claramente que es para nuestros alumnos prioritarios y preferentes, es decir, son para nuestros alumnos que más lo necesitan en nuestra ciudad, pero irresponsablemente la administración anterior no tomó carta en el asunto de las situaciones que estaba pasando”.
“No se si hubo delito, pero si hubo un desorden administrativo. Si hubo un desconocimiento. Si hubo falta de compromiso con la educación. Yo lo veo así. Respecto si hubo delito, lo vamos a ver jurídicamente si es que hay responsabilidades legales frente a esta situación, porque aquí hay una pérdida de recursos, que de alguna manera perjudica la falta de aprendizaje de nuestros estudiantes”, comentó Arraya.
Aportes rechazados
El informe de Contraloría, lo que hace en concreto, es rechazar la justificación de los fondos en cuestión. Sobre cómo afectará esto a Comdes, y si es que la corporación deberá reponerlos a la brevedad, comentó Francisco Garrote, jefe del departamento jurídico de Comdes.
“En estos 60 días, tenemos que acreditar si es que los fondos fueron gastados en educación, o no. Si en ese plazo no se acreditan dichos montos, se iniciará un juicio de cuentas. La Contraloría en el informe ya lo dijo: con respecto a los $54 millones y fracción por pago a Arpis, que es una radiodifusora, esto lo cargaron con ley SEP. Esta subvención no está destinada para eso. La corporación tiene otras subvenciones para generar publicidad para sus unidades educativas, como en los fondos FAEP”, constató el abogado.
“Si no se logran acreditar esos respaldos, se determinarían sanciones administrativas en contra del representante legal. En este caso el director ejecutivo actual, que puede ser la separación del cargo o la suspensión del empleo. Posterior a eso, si es que se sigue sin dar respuestas, esto suma intereses y reajustes. Estos 600 millones van a seguir creciendo, aumentarán hasta que no se dé cumplimiento íntegro”, acotó Francisco Garrote.
Finalmente, el jefe jurídicos de Comdes se refirió a una serie de gestiones irregulares que han visualizado, ocurridas en el pasado. “Nosotros nos hemos encontrado con un sin fin de situaciones que son realmente irrisorias. Estas son contratos que aparecen de la nada, como lo es un contrato por obra de 35 millones de pesos, que no tienen ningún respaldo. Tú vas a control interno, y no tiene ni ingreso ni salida, siendo que así es el conducto regular. Tampoco pasó por jurídico”.
“Ya hemos cerrado dos procesos investigativos, en donde hemos determinado que efectivamente hay hechos que son bastantes complejos. Hay falsificación de firmas, lo que es bastante grave. Ya con este informe final de la contraloría, lo que nos queda como corporación es nuevamente iniciar una investigación interna. Queremos que se revisen todos los antecedentes por parte del investigador que se designe, y con eso ya poder tomar las acciones pertinentes contra los funcionarios que correspondan”, concluyó Garrote.
AUDITORÍA-COMDES