El país ha sido testigo de un hecho sin precedentes en la historia reciente del Congreso Nacional: la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, decidida por el Tribunal Constitucional. Esta resolución se basa en el controvertido proceso de compra de un inmueble relacionado con su familia, lo que suscitó fuertes cuestionamientos éticos y políticos en los últimos meses.
Uno de los primeros en manifestarse fue el senador Esteban Velásquez, quien expresó su preocupación y desaprobación ante lo que consideró una serie de errores e irresponsabilidades.
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“El tiempo siempre muestra que por cada acción viene una consecuencia, y esta ocasión lamentable lo demuestra. Desde el principio, esta propuesta nos parecía poco lúcida y nos preguntábamos cómo no iba a existir alguien con la capacidad de frenarla. Entonces nos preguntamos: ¿acaso fue la soberbia, la irresponsabilidad o la ineptitud de los asesores, o de quien finalmente toma la decisión final, lo que provocó estos hechos?”, afirmó el senador.
Velásquez destacó que la responsabilidad era compartida, tanto por el Ejecutivo como por el equipo legislativo que acompañaba a Allende. “Aquí hay responsabilidades desde quienes proponen esta iniciativa en el ministerio respectivo, en La Moneda, en los equipos asesores de la senadora, y por supuesto, en la propia senadora. ¿Cómo no fue capaz alguien de decir que con esta propuesta y este negocio no era posible seguir adelante? No estuvo la razón de por medio, claramente primaron otros intereses y otras motivaciones que, en lo personal, no me parecían correctas, ni en el caso de la familia Allende ni tampoco de la familia Aylwin,” expresó.
El senador también hizo un llamado a elevar los estándares de la conducta política: “Hoy día hay que sintonizar verdaderamente con lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Los estándares no deben estar solamente escritos, hay que practicarlos todos los días. Este tipo de propuestas traen consecuencias, y hoy día se están viviendo lamentablemente de la forma que todos estamos conociendo.”
La destitución de Isabel Allende, una figura emblemática del socialismo chileno e hija del expresidente Salvador Allende, marca un hito en la evaluación ética de la función pública. La controversia en torno al fallido negocio inmobiliario, que involucraba fondos públicos y vínculos familiares, desató un intenso debate ciudadano, agravado por la falta de respuestas claras desde su oficina parlamentaria.
Ahora, el Senado se prepara para el proceso de reemplazo, mientras continúan las repercusiones políticas de una decisión que tendrá un gran impacto en la institucionalidad en los próximos meses.
