El jueves pasado, la Corte Suprema de Chile ratificó el cierre definitivo de Pascua Lama. El polémico proyecto, que buscaba extraer oro y plata, había sido cerrado por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). La transnacional Barrick, esperaba obtener US$8.500 millones de utilidaes.
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La veta que daría origen a la mina, estaba ubicada en la Cordillera de Los Andes, en el límite entre Chile y Argentina. Las primeras exploraciones en la zona, iniciaron en 1977. El proyecto como tal, nació el 2001, tras la aprobación del primer estudio de impacto ambiental, cuestión que dio inicio a la polémica, y también a la movilización de comunidades adyacentes.
Avanzados los años, se estipularon una serie de incumplimientos ambientales. Esto llevó a Barrick a paralizar el proyecto por el aumento de costos y cuestionamientos de accionistas.
Cierre definitivo
La Corte Suprema “descartó infracción de ley en la sentencia, confirmando así tres cargos interpuestos en su momento por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”, informó el Poder Judicial.
Entre las faltas que llevaron en 2018 a la clausura de Pascua Lama, la SMA indicó la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa. Además de ello, se constata la monitorización incompleta de glaciares y la descarga de aguas ácidas al río Estrecho.
En 2020, el Primer Tribunal Ambiental había reiterado la clausura “total” que aprobó en 2018. A eso, sumó una multa por más de $7.000 millones(unos US$6,72 millones al cambio actual).
Organizaciones ciudadanas, ambientales y comunidades cercanas, fueron quienes lideraron la oposición al proyecto. Enclavado en la región de Atacama, las comunidades aseguraban que Pascua Lama ponía en riesgo los cursos de agua de la zona. Junto a ello, habría tenido impacto en glaciares cercanos.
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