Belén Cortés Saavedra
Con el avance de la tecnología, las amenazas, que antes se realizaban a través de cartas anónimas o llamadas telefónicas, han migrado principalmente a internet, convirtiéndose en el medio más utilizado para este tipo de delitos. El subprefecto Patricio Fuentes, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la Policía de Investigaciones en Calama, habló sobre este fenómeno creciente y ofreció recomendaciones a la comunidad.
Desde un punto de vista legal, las amenazas están estipuladas en el artículo 296 del Código Penal, y para ser consideradas un delito deben cumplir con dos condiciones: ser ‘‘serias’’, es decir, tener la intención de causar daño a la víctima o su entorno, y tener apariencia de verosimilitud de acuerdo con los antecedentes del caso.
Las denuncias por amenazas han experimentado un aumento en los últimos años en la Prefectura Provincial del Loa. Según los registros de la Policía de Investigaciones, en 2013 se reportaron 79 denuncias, en 2024 fueron 92, y hasta la fecha, en 2025, se han reportado 8 denuncias.
El uso de perfiles falsos, la suplantación de identidad y herramientas tecnológicas para ocultar la verdadera identidad de los autores dificultan la persecución de estos delitos. “No hay un modus operandi único, sino diversas maneras de cometer amenazas en línea, lo que nos desafía constantemente como investigadores actualizando nuestras técnicas para estar a la vanguardia de estos nuevos formatos delictivos”, comentó Fuentes.
En cuanto a las recomendaciones, el subprefecto Fuentes ofrece instó a las víctimas de amenazas en línea, a presentar la denuncia de forma presencial en la BICRIM, y añade que “es fundamental que la víctima resguarde evidencia, como capturas de pantalla, links, URLs, perfiles de redes sociales o números telefónicos vinculados al delito”.
Por último, el subprefecto subrayó que la libertad de expresión no justifica mensajes amenazantes, advirtiendo que “cuando una expresión incluye amenazas hacia personas o autoridades, se está cometiendo un delito y la policía actuará en consecuencia en coordinación con el Ministerio Público”.
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