Ordenan sumario tras descubrir corporación privada que funcionaba al interior de la Defensoría de Antofagasta

La entidad, era presidida por el defensor regional, Ignacio Barrientos. Había firmado un convenio con el GORE por $381 millones en abril de este año.

El pasado 2 de agosto el defensor nacional, Carlos Mora, ordenó un sumario a la Defensoría Penal Pública de Antofagasta, por la existencia de una corporación de derecho privado que funcionaba en las oficinas del organismo público. La corporación, tenía el mismo domicilio legal que la Defensoría de Antofagasta -Balmaceda 2536-, y había firmado convenios de transferencia de dineros con organismos públicos.

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Esta corporación, era presidida por defensores regionales de Antofagasta desde el 2019. La entidad, que llevaba por nombre “Corporación social, artística, cultural y deportiva de la Defensoría Penal Pública, Región de Antofagasta”. Una vez destapado el Caso Convenios, cambió su nombre a “Corporación Social Nortina”, según recoge el medio ExAnte.

La corporación obtuvo recursos públicos, a través de un convenio firmado el 6 de abril de 2023, con la gobernación regional de Antofagasta, para desarrollar el programa para la “inclusión de personas en situación de calle y en riesgo y daño biopsicosocial”. Los montos de este convenio, ascienden a $381 millones. Estos dineros, no fueron aprobados por el consejo regional, dado que se trata de una cifra inferior a las 7 mil UTM.

Antes, la corporación había recibido otras transferencias, como en noviembre de 2022, ocasión en la que se le transfirieron $9.800.000 para desarrollar un programa de mamografías y Papanicolau para mujeres privadas de libertad, y una transferencia por $4.246.920 del IND.

El sumario, fue instruido debido a que la corporación funciona al interior del edificio de la Defensoría. En dicho lugar registra su primera asamblea, además de que ha ocupado recursos públicos para su funcionamiento, tales como computadores, oficinas y funcionarios que trabajaban en horario laboral para la corporación.

La investigación interna está dirigida en contra del defensor regional Ignacio Barrientos, señalado como presidente de la corporación. La fiscalía estaría atenta a la resolución de esta acción, para ver si es que calificaría dentro de la investigación por el Caso Convenios.

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