Hasta la Gobernación de El Loa llegaron representantes de 32 organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones de Calama a presentar una declaración pública en la que exigen la renuncia de la gobernadora, María Bernarda Jopia y el desarrollo de sumarios y las sanciones que correspondan a Carabineros, comenzando por el prefecto, Marcelo Arancibia.
Esta acción la lidera la lidera la agrupación por la Defensa de los Derechos Humanos en Calama y actuó como vocero Alejandro Muñoz, quien precisó que existen “responsabilidades políticas y administrativas, ayer el gremio de la salud, sin mediar provocación fueron reprimidos. Andamos con los protocolos de Carabineros, nos basamos en eso para la declaración y vemos que se pasan de paso uno al cuatro y esto ha sido sistemático”.
En este sentido denuncian “que en el accionar de las Fuerzas de Orden y Seguridad se han vulnerado gravemente los derechos humanos de los/as calameños/as, lo que hemos constatado en la inobservancia del “Protocolo para el mantenimiento del orden público”, vigente por Orden General 2635, de fecha 01 de marzo de 2019”. (Ver acá)
Aclaran que en este protocolo se deja de manifiesto las etapas en las que debe accionar Carabineros, dependiendo si son manifestaciones con o sin autorización, resaltando en que existen instancias de diálogo y contención.
“Dicho protocolo establece diversas etapas que determinan el accionar de las Fuerzas de Orden y Seguridad, frente a la existencia de una manifestación. Las mismas se encuentran constituidas en primera fase, en la protección del derecho a la manifestación en cuatro etapas (diálogo, contención, dispersión y detención). En una segunda fase, en etapa de control del orden público, la existencia de tres etapas (dispersión, detención y etapa de intervención oportuna). En todos estos casos, debe respetarse el principio de legalidad, y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, precisan en la denuncia.
Asimismo, manifestaron que como voluntarios se han desplegado en todas las manifestaciones, como también han asistido a la comisaría y los centros de salud de Calama, constatando que las Fuerzas de Seguridad y Orden no dan “cumplimiento a estos protocolos”, además de registrar “diversas detenciones que han sido declaradas ilegales por el tribunal de Garantía. Además, hemos advertido innumerables casos que dan cuenta de golpes, torturas y apremios ilegítimos”.
“Nos parece grave que, al momento de solicitar información por parte de esta Agrupación de Voluntarios por la Defensa de los Derechos Humanos, así como por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, Carabineros la niega indicando que por órdenes superiores no entregarán datos. Esta falta, nos genera legítimas dudas respecto del trato entregado a los detenidos y detenidas en el contexto de las movilizaciones sociales”, agregaron a su declaración.
Como voluntarios y sumando la postura de las otras 31 organizaciones que se adhieren a esta declaración, manifestaron su “preocupación por casos que hemos evidenciado en los centros de salud en donde, en ocasiones, se ha dificultado la constatación de lesiones a quienes acuden en calidad de detenidos y/o lesionados. De la misma manera, nos resulta inquietante la ausencia de institucionalidad que vele por el resguardo de los derechos humanos en la comuna. Desde múltiples espacios se ha solicitado al INDH que pueda disponer de un funcionario o representante de manera permanente en Calama, requerimiento que al día de hoy no tiene respuesta”.
Considerando todo lo expuesto, es que las 32 organizaciones solicitan “la renuncia de la Gobernadora de la Provincia El Loa, María Bernarda Jopia, por su responsabilidad política y administrativa en estos actos, que constituyen serias violaciones a los derechos humanos”.
Como también que se desarrollen los sumarios administrativos y las “sanciones pertinentes a los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad responsables de estos hechos, principalmente del prefecto de Carabineros El Loa, Marcelo Arancibia”.
En tanto, hicieron un llamado a la sensibilidad de los funcionarios de la salud, “para velar por el resguardo de los derechos humanos de las personas que, en este escenario, les toca asistir”.
Adhieren a la presente declaración:
- AFEDDEP (Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama.
- Agrupación Social, Deportiva y Cultural Fuerza de Mujer.
- ANEF Calama.
- ANERCICH (Registro Civil)
- APROJUNJI Calama.
- ANDIME (Funcionarios del Ministerio de Educación Provincial El Loa.
- ANFUP (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios Providencia El Loa.
- Asociación Indígena Ckausatur Ckaari.
- Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Centro de Desarrollo Social y Deportivo Hijos de Calama.
- Colegio de Profesores El Loa.
- Central Unitaria de Trabajadores Provincial El Loa.
- Comité de Adelanto Las Vegas del Inti Wayra.
- Comité de Vivienda Ckausatur Ckaari.
- Confederación de Trabajadores del Cobre. CTC.
- Confusam Calana
- Contracoms Chile.
Coordinadora para la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Patta Hoiri - Diputada Catalina Pérez Salinas.
- Diputado Esteban Velásquez Núñez
- FENATS Histórica
- FENATS Nacional Base Calama.
- FENAPO
- Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna GALM Calama.
- Junta de Vecinos Villa El Cobre.
- Mesa Comunal de Mujeres Calama.
- Movimiento Ciudadano de Calama
- Movimiento de Pobladores y pobladoras en Lucha Calama.
- Red de Mujeres de El Loa
- Sindicato de Trabajadoras Asistentes de la Educación.
- Sindicato N 2 Codelco Chile.
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