El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal en jefe de Calama, Cristián Aliaga, para que asumiera la investigación judicial respecto a la querella que presentó Codelco por la supuesta estafa que habría existido en el pago de seguros de vida y accidentes de trabajo de las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, acción que involucraría a una veintena dirigentes sindicales.

En tanto y de manera paralela avanza la solicitud de desafuero que hizo la estatal en contra de los gremialistas en el Tribunal del Trabajo y la medida prejudicial en contra de la aseguradora Chilena Consolidada, empresa a la que se le hizo la compra de pólizas entre 2005 y 2018 por un monto que superaba entre un 63% y 68% el valor a las que se ofrecen en el mercado.

Gremios

Mientras lo anterior avanza, los sindicalistas también están haciendo sus acciones y una es reunirse mañana lunes con la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

Participarán los presidentes de los sindicatos 1, 2 y 3, Cecilia González, Liliana Ugarte y Rolando Milla, respectivamente, quienes expondrán sus antecedentes respecto a la compra de los servicios a la empresa de seguros.

Desde Codelco detallan que la estafa asciende a unos 22 millones de dólares, montos que fueron pagados en partes iguales con los trabajadores, quienes de manera particular habrían desembolsado unos 550 millones de pesos anuales en el pago de las pólizas.

Si bien de la cuprífera pidieron el desafuero de los dirigentes que estarían involucrados, las acciones también tuvieron alcance a los que ya no estaban ejerciendo el cargo, siendo despedidos siete, tres de Chuquicamata y cuatro de Radomiro Tomic.

Por su parte, el presidente del directorio, Juan Benavides, pidió que se entreguen todos los antecedentes necesarios para aclarar esta situación en el menor tiempo posible y que se sancione a quienes tienen responsabilidad.