La Contraloría Regional entregó el informe final de la fiscalización que hizo al departamento municipal de Salud, determinando que el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) deberá pedir la restitución de los 190 millones de pesos que costó la casa que supuestamente estaría destinada a una clínica dental. Además de dejar en evidencia una serie de irregularidades en la administración de este sector.

De acuerdo al documento, la Contraloría determinó que la compra del inmueble “no se ajustaba” a la ley, lo que fue corroborado por el SSA, ya que no era parte del plan comunal de salud para 2018, por lo que este último organismo, “deberá realizar las acciones pertinentes para hacer efectiva la restitución de la suma señalada por parte de la Comdes, debiendo remitir los antecedentes que así lo acrediten en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de este documento, en caso contrario este órgano de fiscalización adoptará las medidas que en derecho correspondan”.

En tanto, la investigación también dejo en evidencia que desde la Comdes -durante 2017 y 2018- se hicieron gastos de los recursos Per Cápita -que se entregan por la cantidad de personas inscritas en los consultorios- que no estaban incluidos en los planes de salud, vulnerando una vez más la ley.

A estas irregularidades, se sumó que se pagaron bonificaciones al personal de la salud primaria que superaron los 869 millones de pesos, dineros también provenientes del fondo Per Cápita, siendo que debían salir de la subvención que debía recibir desde el municipio.

Además, se detectó que existen más de 181 millones de pesos sin el respaldo que acredite su gasto, por lo que por este punto y todos los anteriores la Contraloría dio un plazo de 30 días a la municipalidad para que requiera la redición de las cuentas, realice la revisión correspondiente y adopte las medidas correctivas, informándoles acerca de este proceso.

En cuanto a la Comdes, esta corporación deberá hacer las “acciones pertinentes para asegurar que los gastos que realice con recursos Per-Cápita, se ajusten a lo establecido en los planes de salud comunal respectivos, a la normativa y la jurisprudencia vigente sobre la materia”.
Mientras que el SSA también fue instruido a supervisar de manera efectiva el gasto que se realice del fondo Per Cápita, evitando que las instituciones “incurran en gastos que no se ajusten a la normativa vigente sobre la materia”.

Junto con todas estas instrucciones, la Contraloría precisó que iniciará un sumario administrativo en la municipalidad de Calama como en el SSA, para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Subvención Municipal

En tanto, la investigación también dejó en evidencia que desde el municipio de Calama no se hizo la transferencia completa de los recursos presupuestados para la Comdes en los años 2017 y 2018, llevando a que esta organización utilizara los fondos Per Cápita para el pago de bonificaciones al personal médico.

“De la revisión a los balances de comprobación y saldo de los años 2017 y 2018, se evidenció que la Comdes imputó contablemente gastos en el área de salud superiores a los ingresos percibidos, excediéndose en $ 1.128.301.905, y $ 824.229.299, respectivamente, demostrando una falta de cuidado en el manejo de los recursos de que se trata”, informaron.

Ante esto último, la Contraloría les dio 60 días hábiles para implementar procedimiento de control financiero para evitar desequilibrios presupuestarios.