Ayer fue la jornada para elegir a quienes serán parte de los candidatos que en abril de 2021 se disputen el cargo de gobernador regional, una figura que surgió en la búsqueda de descentralizar el país.

Junto con este cargo, desaparece el de intendente, pero surge el de delegado presidencial -que es elegido por el Presidente de la República- teniendo ambos funciones y atribuciones determinadas

Responsabilidades

Si bien ayer hubo una muy baja convocatoria de votantes, las elecciones guardaban una importancia especial, considerando que es la primera vez que se elige un gobernador regional y es quien tendrá como misión presidir el consejo regional, coordinarse con los órganos del Estado y los servicios públicos, además de supervigilar y fiscalizar a estos últimos.

A estas labores se suma la de asignar recursos para el programa de inversión que tenga el gobierno regional, como también los sectoriales y los por transferencia directa que realice el Presidente de la República.

En este sentido, tiene la facultad de generar las políticas de desarrollo de la región y cada una de sus comunas y posee el poder de “representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo”, explicaron desde el Senado.

Con las primarias que se desarrollaron ayer quedó determinado que por Unidad Constituyente irá Ricardo Díaz y por Chile Vamos, Marco Antonio Díaz, a quienes eventualmente se les sumarán independientes y representantes de otros partidos políticos. Las votaciones serán el 11 de abril y de existir una segunda vuelta se hará el 9 de mayo de 2021. Estas elecciones se desarrollarán cada cuatro años.

Delegado Presidencial

Será el representante del Mandatario y su función se enmarca en ejercer como gobierno interior en cada región y también deberá coordinar, supervigilar y fiscalizar a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente a través de un ministerio.

Y mantendrá la responsabilidad del orden público, el resguardo de las personas y los bienes, pudiendo requerir el apoyo de la fuerza pública en su territorio en caso de ser necesario.