Según lo informado por El Mercurio de Calama, el gobernador regional Ricardo Díaz Cortés, ingresó una denuncia en la Fiscalía, en contra de quienes resulten responsables, debido a irregularidades constatadas en la cartera regional de Minería.
Los hechos ocurridos durante la administración Piñera, tiene que ver con dineros usados en la ejecución del programa “Transferencia Fomento y Fortalecimiento Pequeña Minería Región de Antofagasta”, aún en ejecución.
La iniciativa fue aprobada en julio de 2019. Esta, consistió en una transferencia de $3.094.070 millones. El objetivo de esto, es que el programa a cargo de la subsecretaría de Minería (a cargo del ex intendente Edgar Blanco), encargase a la seremi de Minería (bajo el alero de Alex Acuña), el seguimiento y control técnico del proyecto.
La llamada de alerta
Una denuncia realizada a finales de 2019 por una profesional de la seremi, sembró al duda. En ella, se expusieron hechos que constatan un mal uso de bienes y recursos del Gobierno Regional, relacionados con el proyecto. Todo esto, bajo el cargo del ex seremi de Minería Alex Acuña.
Los antecedentes, apuntan a contrataciones no ajustadas a procedimientos administrativos. También se destacan mal uso de camionetas y combustibles pensados para ser usados en el programa, y bitácoras de viaje adulteradas.
Por otra parte, se acusó conflictos de intereses entre profesionales a cargo del proyecto, quienes también trabajaban en SQM. Otro de los hechos llamativos, es el pago de arriendo de oficinas no ocupadas, y viáticos declarados y pagados, pero no ejecutados.
La denunciante en aquel entonces, remitió los antecedentes al exdelegado presidencial, Daniel Agusto, pero no recibió respuesta.
Denuncia
Teniendo los temas en conocimiento, el gobernador Díaz instruyó una auditoría interna. En el informe de ella, “se establece la suma de $61.227.378.- como gastos rechazados, los cuales deben ser devueltos a nuestra organización, como también la suma de $447.798.888.- gastos observados”, según lo informado.
La máxima autoridad regional aseguró a El Mercurio de Calama, que “hay un total de alrededor de 500 millones de pesos que están objetados. No se sabe si se dieron adecuadamente o si se generaron las acciones que eran necesarias de hacer. Por esto es que en aras de mayor transparencia y probidad, hemos entregado los antecedentes a la fiscalía. Lo que queremos es que se haga justicia y se entregue una señal clara de que nuestra administración tendrá tolerancia cero a acciones que puedan constituir delitos ligados a la corrupción”.
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