El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de dos ex directores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social por Fraude al Fisco y Negociación Incompatible. Esto por, la compra de una casa cuyo valor ascendió a los 190 millones de pesos, inmueble de propiedad de familiares del alcalde Daniel Agusto, el cual iba ser ocupado para la construcción de una Clínica Dental y a la fecha no hay un proyecto destinado para el terreno.
La querella es en contra de los ex directores ejecutivos de la COMDES Gregorio Rodríguez, Jubitza Tapia y “en contra de todos los quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible “, detalló la demanda.
Hechos
Las razones que llevaron al CDE a presentar la demanda se resumen en la página 7 del documento en donde explican que “conforme a lo expuesto resulta manifiesto que, por una parte se desarrollaron variadas acciones defraudatorias que culminaron con la adquisición del inmueble”.
- Éstas serían: “efectuar su adquisición sin licitación alguna mediante la aplicación con un propósito fraudulento delas normas de adquisición directa”.
- “Adquirir el mismo con financiamiento de fondos que no correspondían”; “Aparentar alternativas (otros inmuebles)que en realidad nunca fueron valorados respecto a la decisión de adquisición realmente materializada”.
- “Disponer la adquisición de un bien de propiedad de la querellada Jubitza Tapia Pérez, adoptando la decisión de compra respecto a la propuesta de bienes formulada por Carlos Brito Contreras, funcionario dependiente de la querellada Jubitza Tapia”.
- “Pagar un sobreprecio en relación al valor real del mismo” y “Terminar con adquirir un bien raíz que NO sirvió, de modo alguno, para el objetivo buscado”, detalla la querella.
Por “todo ello demuestra que la adquisición del inmueble, realizada de modo expuesto, está lejos de ser una adquisición que buscó satisfacer una necesidad pública, sino por el contrario -fraudulentamente- solo buscó beneficiar intereses particulares, usando en ello fondos públicos”, expresa el documento del CDE.
Este caso lo destapó la concejala Dinka López, quien al recibir la denuncia presentó los antecedentes a Contraloría, organismo que solicitó que se hiciera devolución de los 190 millones por parte Comdes al Servicio de Salud y que se oficiara al Ministerio Público para recabar antecedentes si este hecho era constitutivo de delito. Ahora se hace parte de las acciones judiciales el Consejo de Defensa del Estado.
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