Cien días más de investigación tendrá el caso de la compraventa de un terreno por parte de Comdes en la anterior administración municipal. Producto de este caso, es que están querelladas cuatro exfuncionarios de esta entidad, entre ellos dos exdirectores.
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El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga, en declaraciones a El Mercurio de Calama, comentó la solicitud de ampliación de la investigación. “Esta fue hecha a petición del Ministerio Público. Porque todavía quedan algunas diligencias, y además de la toma de algunas declaraciones. La afinación de algunas diligencias que ya se habían hecho. Sobre todo las efectuadas al Manual de Adquisiciones de la Comdes, facultades de su director ejecutivo, otra relacionada a pericias encargadas a la PDI, al Tribunal Calificador Electoral; pero son varias y tienen por finalidad cerrarlas y tomar decisiones “.
Respecto a la posibilidad de formular cargos contra los cuatro querellados, el persecutor jefe comunal, comentó que levantaron los antecedentes a una unidad en la Fiscalía Nacional. “Ella nos sugirió estas diligencias, y lo cual tendrá un nuevo estudio. Esta causa, si bien está cargo de éste fiscal, hay también abogados asesores en la Fiscalía Regional, en la Nacional, y con ellos hemos ido tomando estas decisiones”.
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Esta es la tercera y la última prórroga que pueden solicitar los intervinientes en el caso. “Sólo se podría ampliar nuevamente si es que el Juzgado de Garantía solicita alguna acción o tiempo”. Comentó el fiscal jefe de Calama al citado medio.
El caso, tiene su origen en 2017. Ese año, Comdes presentó un proyecto para comprar un terreno por 190 millones de pesos. El sitio, era propiedad de la familia de la exdirectora de Comdes, Jubitza Tapia. Dicha funcionaria, a su vez, es prima del exalcalde Daniel Agusto. Este terreno, sería adquirido con fondos del per cápita recibidos por la Comdes por parte del Servicio de Salud.
La abogada del área de Salud de Comdes, Cinthia Graz, al mismo medio, comentó sobre el caso. “Hay claramente una malversación de recursos públicos, fraude al fisco y también una figura dedicada a utilizar estos recursos no en bien de la comunidad y de la Salud Primaria”.
Se espera que a mediados de agosto se entreguen los últimos antecedentes del caso, para dar inicio al juicio oral de la causa.
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