En nuestro país la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 se centra en la igualdad de oportunidades y derechos, siendo deber del Estado resguardar las adecuadas condiciones para acceder a una educación inclusiva y de calidad, eliminado las barreras que dificultan la participación de las y los estudiantes del sistema educativo chileno. Para lograr lo señalado, se debe generar un sistema y espacios educativos que consideren la diferencia y diversidad como un valor y factor positivo, que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje, brindando oportunidades adecuadas a los requerimientos de cada estudiante en escuelas que eduquen en la diversidad.
En el año 2015, también se promulgó el decreto N°83, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica.
Pese a los significativos avances en materia de inclusión, en nuestro país el acceso a la educación es segregador. Actualmente las escuelas especiales y colegios con programas de integración dan cumplimiento al decreto N°170/2008, que fija normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios con las subvenciones para educación especial. En este sentido, el sistema educativo etiqueta y por ende segrega, puesto que el acceso a la educación inclusiva está directamente condicionado a un diagnóstico.
La segregación escolar, es una realidad que afecta directamente a nuestra sociedad, pues el aprendizaje de las y los estudiantes depende de la interacción intelectual, emocional y social. En consecuencia, esta realidad no permite que nuestros niños, jóvenes y adultos crezcan en una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.
Para desarrollar una educación inclusiva es importante el rol que cumplen las y los educadores diferenciales, permitiendo velar por construir culturas, políticas y prácticas educativas inclusivas tanto dentro como fuera del aula.