Codelco expone las razones del sobrecosto del Plan de Descontaminación y expresa que “encantados” ceden la administración de las estaciones de monitoreo

Los representantes de las agrupaciones medioambientalistas de Calama dieron un ultimátum y establecieron un plazo de 30 días máximo para promulgación e implementación del plan.

Nuevamente Calama fue protagonista en la Comisión de Minería del Senado hasta donde llegaron personeros de Codelco y representantes de las agrupaciones medioambientalistas de la ciudad para plantear sus posturas frente al Plan de Descontaminación Atmosférico (PDA).

En la sesión que fue transmitida por la página de Tv del Senado, Codelco entregó un detalle de las razones por las cuales el PDA presenta una diferencia de 276 millones de dólares en la evaluación que realizó el ministerio de Medio Ambiente y lo que a su juicio costaría realmente el plan. Razón por la que se estaría retrasando la firma del ministro de Minería y Energía Juan Carlos Jobet.

En la presentación se expuso que sobrecosto se debe a que en el plan de descontaminación “falta el 52% de los botaderos que se utilizan en la división Radomiro Tomic y adicionalmente falta el 155% de la superficie de botaderos que se utilizan en la división de Ministro Hales. Adicionalmente, el plan de descontaminación no consideró el polvo resuspendido que generan los camiones Caex que están haciendo el movimiento de la mina en un 71% de la distancia probada de la división Ministro Hales”, detalló el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Renato Fernández.

Agregando que “el plan no consideró las emisiones de proyectos que ya contaban con Resolución de Calificación Ambiental (…) para que Codelco se haga cargo de la diferencia solamente en humectación tanto del tranque de relave como de los botaderos que no han sido considerados, la cual debería hacerse a través de helicópteros en el tranque de relaves y en algunos botaderos que por la altura los camiones no pueden llegar, adicionalmente complementado con camiones en zonas donde sí se puede hacer, deberíamos invertir solamente en este ítem 127 millones de dólares al año 2030”.

Se suma a esto que las exigencias de presentó en PDA en cuanto a la eficiencia en las plantas con respecto a la captura de emisiones no se condice con la realidad, principalmente en Chuquicamata la división más añosa del norte. En este ítem el costo real para cumplir con esta indicación sería de 156 millones de dólares en tres años.
Tras la exposición de Codelco, fue el turno de las agrupaciones medioambientalistas de Calama, las que fueron representadas por el abogado de la Corporación Yareta, Sergio Chamorro y Reinaldo Díaz, quienes insistieron en que la Estatal ha realizado variadas acciones para dilatar el hecho de que Calama cuente con un plan de descontaminación.

“Estamos frente a otra maniobra que es llegar a esta instancia de Comisión del Senado para lograr algún punto de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que a través del Ministerio de Minería, Codelco contempla una suma de costos diferentes a la indicada. Al respecto es importante tener presente que la legislación no contempla instancia en la comisión del Senado para poder acordar montos, no existe forma de retrotraernos al punto que el anteproyecto vuelva a ser revisado, porque si eso ocurre estamos frente a una acción nuevamente dilatoria que siempre ha ejercido Codelco durante estos doce años”, precisó Chamorro.

Ante esto, Fernández manifestó que “nosotros queremos un plan de descontaminación para Calama dijimos que teníamos diferencias técnicas con lo que se estaba planteando estamos haciendo algunas propuestas para mejorarlo, pero queremos que esto salga lo antes posible.”

Propuestas y ultimátum

En cuanto a las propuestas planteadas por Codelco buscan “actualizar la línea base no al año 2016, sino con las emisiones reales al año 2020 aplicando los criterios de emisión del sistema de evaluación de Impacto Ambiental”, explicó Fernández. Y la segunda propuesta es “flexibilizar la forma de reducir las emisiones asociadas a las capturas que se nos está exigiendo en los procesos (…) pero pudiendo complementar lo que no podamos cumplir vía inversión en los procesos, con medidas que puedan ser ejecutadas en la misma ciudad y que vayan en beneficio de sus habitantes y de su calidad de vida”.

Mientras que, desde las agrupaciones locales solicitaron tres puntos “que se pueda instruir una Comisión Investigadora respecto del actuar de la gran minería de cobre, de todas sus gestiones desde que se dicta el plan de descontaminación hasta la la fecha para evitar su implementación”, como segundo punto “que se pueda actuar como componedor del diálogo a efecto de no seguir dilatando más la firma del Presidente de la República y hacer que su promulgación y su publicación se resuelva dentro del mes de mayo”. Poniendo un ultimátum “la comuna de Calama establece un plazo fatal de 30 días como plazo máximo para que todo el Estado trabaje en el deber del bien jurídico tutelado de vivir en un ambiente libre de contaminación”, expresó Chamorro.

Estaciones de Monitoreo

Como tercer punto, el abogado calameño manifestó que “para efectos de reparación de estas cargas ambientales soportadas por la comuna de Calama pueda la comisión colaborarnos en la posibilidad de que la ciudadanía pueda contar con una estación de monitoreo ambiental que permita desde la educación y participación directa de la comunidad operar y administrar nuestra propia estación porque no confiamos en juez y parte que es Codelco”.

En este sentido, Renato Fernández concluyó que “nosotros encantados que este sistema lo administre un tercero porque efectivamente se lo hemos planteado al ministerio de Medio Ambiente para nosotros es incómodo administrar una cosa como esta, porque se nos hace este tipo de acusaciones, así que por lo tanto ningún problema de lo que lo administre un tercero”.

Finalmente, desde la Comisión de Minería del Senado se generará un oficio solicitando que se solucione el sobrecosto y a la brevedad se implemente el PDA y que las estaciones de monitoreo sean independientes. Además, se solicitará un escrito a la Comisión de Constitución para que acelere la tramitación de la Ley de Delito Ambiental.

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