Como ha sido costumbre desde el 2014, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) volverá a entregar un poco más de un millón de pesos para los trabajadores que realizan labores de recolección y transporte de residuos domiciliarios de todo el país.
Se trata del “Bono Aseo”, beneficio que se les brinda a los trabajadores, a través de 269 municipios que tienen sus servicios externalizados.
El monto total destinado es de 17.950 millones de pesos para los 6.932 barredores de calles, 2.842 choferes y 6.940 peonetas del país.
“El Bono Aseo es un compromiso que como Gobierno tenemos con los recolectores de residuos, un incentivo que desde el año pasado tiene una especial relevancia, pues pese a la pandemia, ellos no han dejado de cumplir su labor y mantener limpias las ciudades de todo Chile”, dijo la subsecretaria María Paz Troncoso.
En tanto, el concejal de la comuna José Mardones expresó que “este bono se entrega todo los años y eso se ha generado a través de las propias movilizaciones que los trabajadores han realizado para defender los derechos de quienes prestan servicios en el área de aseo domiciliario.” Asimismo, agregó que “en mi condición de concejal, en el próximo concejo del día lunes voy a poner el punto en tabla, para ver cómo ha sido el procedimiento y cuándo se va entregar este bono para que no llegue en dos cuotas, ya que con la problemática mundial y del país los trabajadores necesitan tener acceso rápidamente a esta ayuda monetaria y que no sea entregado en dos cuotas como ha sido en otros años”.
El edil también precisó que “en Calama hay dos empresas, Socoal que presta servicios hace muchos años y la otra que ve el aseo de las calles que es la empresa Colque, ambas contratista de la municipalidad. En ese contexto el estimativo de personas que tendrían acceso a este bono sería un poco más de 150 trabajadores”.
Cabe destacar que, en enero la Subdere envió al Congreso un proyecto de ley que perfecciona la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, el cual también busca que las bases de licitación elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
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