La Contraloría regional emitió un informe respecto a la auditoría que se realizó al trabajo fiscalizador que debía hacer la seremi de Bienes Nacionales en cuanto a los terrenos ocupados en el borde costero de la región, estudio que evidenció que existen doce funcionarios públicos, dos de estos de la municipalidad de Calama, que están con uso ilegal.
A esto se suma que existe un desorden respecto a la identidad de las personas que están ocupando los sitios, por lo que la Contraloría envió en informe desde la intendencia hasta los municipios involucrados, pues existe un lugar que posee patente, para que se resuelva la situación.
En este contexto, entre los antecedentes que entrega este informe que supera las 80 páginas se detalla que “en base a la información proporcionada por la seremi de Bienes Nacionales se constató que este organismo no cuenta con un catastro de ocupaciones ilegales e irregulares en el borde costero actualizado. Además, se constató que dicha base de datos presenta un total de cuatrocientos sesenta y siete registros, en los cuales no sé identifica el nombre o RUT del ocupante, registrando glosas genéricas tales como: “Ocupante no identificado”, “Desconocido”, “No individualizado”, entre otros”.
Asimismo, agrega que “se advirtió la existencia de ochenta y un casos en los cuales se presenta información parcial, tales como un nombre y un apellido o la individualización de la familia. Adicionalmente, se presenta un total de veintiséis ocupaciones ilegales de inmuebles fiscales cuya ubicación se encuentra expresada en términos genéricos e imprecisos, o bien, se identifican diferentes ocupantes en la misma dirección”.
Ante esta situación, la Contraloría entregó un plazo de 60 días hábiles para generar una base catastral con información completa y veraz para hacer los seguimientos y controles relativos a las ocupaciones ilegales que existen.
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