Continúa la discusión del proyecto de ley del royalty a la gran minería en la Comisión de Hacienda del Senado, la cual últimamente ha puesto su foco en la distribución de estos recursos en los gobiernos regionales y locales, debido a que la iniciativa se implementaría mediante tres fondos, los cuales sumarían una recaudación de 22.840 millones de pesos en la región de Antofagasta.
En esa línea destacamos el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo que recaudaría 9.616 millones de dólares, el Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial con $1.772 millones y el Fondo de Comunas Mineras, el cual considera a los municipios de María Elena, Tocopilla, Mejillones, Taltal, San Pedro de Atacama, Calama Mejillones, Sierra Gorda y Antofagasta, y sumaría otros $11.452 millones.
Este último fondo del proyecto tiene la finalidad de compensar las externalidades negativas en las comunas que tengan, en sus territorios, alojadas a las faenas mineras. Considera fundiciones, yacimientos, refinerías, relatives, puertos, entre otros. Por lo que estaría beneficiando a 31 comunas de Chile, principalmente del norte.
Marcela Hernando, ministra de Minería, explicó al Mercurio de Calama que “esta tributación tiene como propósito que el país obtenga parte de la renta económica originada de la explotación de recursos naturales no renovables, más allá de la tributación de carácter general a la que estén afectas todas las empresas”, por lo que apuntan a reformar la tributación actual de impuesto específico a las rentas operacionales de las mineras, “incorporando adicionalmente a este impuesto una tasa ad valorem de 1% asociadas a las ventas del mineral extraído. Con la propuesta actual esperamos que el royalty -estando en régimen- recaude 0,46% del PIB, lo cual irá en beneficio de todos los chilenos”.
En tanto el senador de la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, quien presentó esta iniciativa en 2018 mientras era diputado, comentó que el proyecto nació del norte para conseguir mayores recursos en la zona y se debe entender como un “cobro” de un derecho al Estado por la extracción de estos recursos naturales.
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