Fiscalía confirma formalización de Daniel Agusto y acusa de fraude al Fisco a los otros cuatro imputados del caso ComdesGate

12/03/2024
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Tras conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Calama que no dio lugar a la audiencia de reformalización solicitada por el Ministerio Público para cuatro imputados en el “Caso Comdes”, como tampoco a la audiencia de formalización de un quinto imputado bajo el mismo rol de investigación, la Fiscalía de Calama cerró investigación y presentó acusación en contra de los cuatro primeros, y separó investigación respecto del quinto imputado.

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De esta manera, en los próximos días el Juzgado de Garantía de Calama deberá programar audiencia de preparación de juicio oral en contra de Gregorio Rodríguez Jaure, María Calderón Calderón, Jubitza Tapia Pérez y Carlos Brito Contreras, todos acusados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco por la compra-venta de una vivienda particular a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, en enero de 2018.

Según el documento de acusación presentado por la Fiscalía, los imputados arriesgan una “pena de 7 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 20% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales y costas en el caso”.

Asimismo, se presentan 139 documentos de prueba y 39 testigos entre ex concejales, funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y del Municipio de Calama, así como tasadores y abogados.

Formalización

Mientras tanto, el imputado Daniel Agusto Pérez será formalizado en causa separada por los mismos hechos, para lo cual la Fiscalía de Calama ya solicitó al Juzgado de Garantía de Calama fecha para la respectiva audiencia.

Según la investigación de Fiscalía, la compra de este inmueble, concretada en enero de 2018, se habría efectuado con fondos destinados a la atención primaria de salud, de manera directa y sin la aprobación de los servicios públicos competentes, beneficiando en definitiva al familiar de una de las personas imputadas, quien era dueño de la propiedad adquirida.

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