El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama emitió su veredicto este 4 de diciembre de 2024 en el caso que involucró a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES) y el desvío de fondos públicos. Jubitza Keren Tapia Pérez, Gregorio Gonzalo Rodríguez Jaure y María Alejandra Calderón Calderón fueron condenados por el delito de malversación de caudales públicos. Además, Tapia Pérez recibió una condena adicional por negociación incompatible. En tanto, Carlos Antonio Brito Contreras fue absuelto del cargo de fraude al fisco por falta de pruebas suficientes para acreditar su complicidad en los hechos.
El tribunal concluyó que Rodríguez Jaure y Tapia Pérez actuaron de manera concertada para utilizar 190 millones de pesos provenientes de fondos destinados a la salud para adquirir un inmueble ubicado en la calle Condell. Este bien pertenecía a un familiar directo de Tapia Pérez, quien se benefició económicamente de la transacción. Según los antecedentes del caso, la compra se justificó bajo un proyecto ficticio de una clínica dental, que nunca se concretó. Por su parte, Calderón Calderón, en su calidad de jefa de Finanzas, certificó y autorizó de manera irregular el uso de los recursos para la adquisición del inmueble.
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El tribunal desestimó las acusaciones de fraude al fisco, argumentando que no se pudo demostrar un perjuicio directo al patrimonio estatal en los términos exigidos por la ley. Asimismo, la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y COMDES fue rechazada debido a la falta de certeza sobre el daño patrimonial señalado, ya que la compra del inmueble fue considerada una contraprestación efectiva, aunque irregular.
En el caso de Carlos Brito Contreras, el fallo destacó que, aunque tuvo un rol en la elaboración de informes técnicos relacionados con el proyecto, no se acreditó que estuviera al tanto de las intenciones ilícitas de Rodríguez, Tapia y Calderón. Por este motivo, fue absuelto unánimemente del cargo de fraude al fisco.
El caso, iniciado en 2017, involucró un convenio de 255 millones de pesos entre COMDES y un banco, destinado originalmente al fortalecimiento de la educación. Sin embargo, los acusados desviaron parte de estos fondos para financiar la compra del inmueble, sin considerar las reales necesidades presupuestarias del área de salud, lo que terminó afectando los servicios públicos esenciales.
La audiencia de comunicación de la sentencia definitiva, donde se determinarán las penas específicas para los condenados, se realizará el 26 de diciembre a las 13:40 horas. Este fallo refleja una condena ejemplar contra la corrupción en la administración pública de Calama y pone en el centro del debate el uso correcto de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.
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