Ayer, martes 27 de junio durante la tarde, personal de la PDI continuó con las diligencias relacionadas al caso “Democracia Viva”. Esta investigación, indaga los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi Minvu de Antofagasta, los cuales involucran montos superiores a los 400 millones de pesos.
Esta mañana, el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, comentó las últimas indagatorias. Al respecto, aclaró la confusión dada con un allanamiento efectuado durante la tarde de ayer. El domicilio allanado, era una casa en la que convivían Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva, y la diputada Catalina Perez, quienes eran pareja hasta hace unos días. En medios de comunicación, se informó que el allanamiento fue a la casa de la diputada. Al respecto, el fiscal fue claro. “No teníamos ningún antecedente que ese domicilio pudiera ser compartido, o tuviera algún tipo de nexo y vinculación, con la diputada Perez”.
Sobre el allanamiento al domicilio legal de la fundación Democracia Viva, que se efectuó el pasado viernes 23 de junio, el fiscal aclaró que realmente era un domicilio particular. “En él vivía una persona natural. Ahí no funcionaba la fundación Democracia Viva, y no había ningún antecedente que la conectara con la misma”.
Una de las próximas acciones judiciales, podría ser el allanamiento del domicilio de Carlos Contreras, ex seremi Minvu de Antofagasta. Al respecto el fiscal Aguilar fue claro. “No puedo entregar esa información. Es materia de la indagación, todo con la finalidad de asegurar el éxito de la misma”.
A la fecha, tanto el exseremi Minvu de Antofagasta, como el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, se mantienen en calidad de imputados dentro de esta investigación.
Finalmente, sobre la entrega de antecedentes por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la fiscalía regional de Antofagasta, respecto a esta investigación, se refirió el fiscal regional (s), Cristian Aliaga. En concreto, el ministro hizo entrega de tres archivadores con datos de la causa. “Son antecedentes nuevos. Hemos chequeado desde lo formal su contenido. Son alrededor de 30 resoluciones, de distinta naturaleza, que dicen relación con convenios y traspaso de fondos entre el servicio de vivienda y la fundación. Esto requiere un exhaustivo análisis por parte del fiscal titular”.
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