Durante todo el mes de abril, el caso de los concejales docentes de la comuna entró en una etapa clave para saber si no cumplían con los requisitos fundamentales para optar a cargos de públicos de elección ciudadana. Esto, porque los ediles eran docentes de diferentes establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES).
El concejal reelecto Claudio Maldonado, en agosto del 2021 realizó una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) asegurando que los ediles involucrados, habrían incurrido en una “contravención grave de las normas sobre probidad administrativa”, basado en el artículo N°75 de la ley N° 18.695, dando a conocer una “incompatibilidad” entre sus cargos de concejales y docentes de la Comdes.
“La ley 18 mil 695 y todas las modificaciones desde el año 2012 han aplicado mayores requisitos para ser candidato a concejal, pero también cambió sustancialmente en las obligaciones inhabilidades e incompatibilidades para ser concejal y una de las inhabilidades señala claramente que no pueden ser concejales quienes trabajen en el municipio o en las corporaciones municipales dependientes del municipio donde son concejales y obviamente en cualquier institución u organización que reciba fondos municipales”, dijo Claudio Maldonado al Mercurio de Calama.
En tanto, los concejales en cuestión no se referirán al tema, pero sí lo hará su abogado Sergio Chamorro, quien manifestó que “con todos los documentos, la misma declaración de los testigos presentados por el concejal denunciante, daremos cuenta que no existe ninguna falta grave a la probidad por los señores concejales. En esta etapa, esperamos que nuestros fundamentos y análisis objetivos permita al Tribunal Electoral resolver en ese sentido, quedando a la espera de su dictamen”.
El próximo 28 de abril a las 15.30 horas, Claudio Maldonado deberá comparecer al TER para absolver un conjunto de preguntas para definir este caso.
Lo que arriesgan
Según el inciso 5° del artículo N°60 de la Ley N° 18.695, de acreditarse los hechos denunciados por el concejal Claudio Maldonado y calificarse como una “contraversión grave al principio de la probidad administrativa”, los demandados se arriesgan a la cesación del cargo de concejal o la aplicación de medidas disciplinarias como la censura, una multa o la suspensión del empleo que podría ir desde treinta días a tres meses.
En el caso de la exconcejal Silvia Pizarro, quien renunció en septiembre de 2021 y continuó ejerciendo la docencia en la Comdes, no podrá aplicarse la sanción de cesación al cargo de concejal, pero eventualmente sí a la de profesora, por los periodos señalados anteriormente.
Ayuda a llegar a más gente!
