Belén Cortés Saavedra
El 9° Juzgado de Garantía de Santiago cambió la medida cautelar de prisión preventiva de la exalcaldesa Cathy Barriga, quien enfrenta una investigación por varios delitos de corrupción. Barriga pasó 54 días en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, pero este lunes fue liberada luego de que el tribunal decidiera sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario total.
Los abogados de la exfigura televisiva, acusada de fraude al Fisco, apropiación indebida y falsificación de instrumento público, solicitaron una revisión de la medida cautelar, argumentando que “no había mérito” para que se mantuviera en prisión tanto tiempo. Al mismo tiempo, compararon su situación con la de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, quien enfrenta cargos similares pero tiene una medida cautelar más ligera.
Tras escuchar los argumentos durante cuatro horas, la jueza María Inés Lausen Montt, quien ya había otorgado la libertad a Barriga en diciembre de 2024, aceptó las peticiones del abogado defensor Cristóbal Bonacic. La jueza concluyó que no existía peligro de fuga ni de reiteración de delitos, ya que la imputada “se hubiese fugado antes de la formalización”.
La Fiscalía, que se oponía al cambio de medida cautelar, presentó nuevos antecedentes, entre ellos la declaración de Luis Japaz, exfuncionario municipal de Maipú y considerado el mano derecha de Barriga. Japaz fue formalizado en enero de este año por fraude al Fisco y falsificación de documentos, recibiendo arresto domiciliario nocturno. En su testimonio, Japaz afirmó que Barriga había utilizado fondos municipales para pagar a una cuidadora de su hijo, aunque Bonacic desmintió esta versión.
“Hoy día se vuelve al estado natural de las cosas, Cathy Barriga nunca debió haber estado en prisión preventiva porque ella había cumplido en forma satisfactoria una medida cautelar tan intensa como es el arresto domiciliario total”, declaró el abogado privado de Barriga tras la audiencia.
El Ministerio Público sostiene que los supuestos delitos cometidos por la exalcaldesa generaron un déficit municipal de $31 mil millones en la comuna de Maipú. El fiscal (s) de la zona Oriente, Cristóbal Salazar, expresó su “disconformidad” con la decisión judicial y adelantó que apelarán. “El Código Procesal Penal habla del peligro para la seguridad de la sociedad y en la resolución no lo detalla la jueza,” explicó Salazar.
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