El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta ordenó el embargo de remuneraciones a 105 trabajadores de Minera Escondida para devolver el bono de término de conflicto de $8,5 millones recibido en 2019, tras una negociación colectiva considerada ilegal. La resolución judicial, emitida el 27 de mayo, permite retener hasta el 50% del sueldo mensual de cada afectado hasta completar el monto, marcando un precedente inédito en materia laboral.
El origen del conflicto se remonta a una denuncia presentada por el Sindicato N°1 de Escondida, que acusó a la empresa y al Sindicato Interempresa de incurrir en prácticas antisindicales al firmar un acuerdo fuera del marco legal. Según El Diario Financiero, en 2021, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la denuncia y anuló el convenio. Aunque la minera recurrió a la Corte Suprema para revertir el fallo, el máximo tribunal rechazó los recursos en enero de este año, respaldando la sentencia original.
Tras ese hito judicial, el Sindicato N°1 –el más grande de la minería chilena con 2.400 socios– celebró la decisión como una victoria contra lo que calificaron como una “colusión entre la empresa y un grupo reducido de trabajadores para debilitar al sindicato mayoritario”. Desde entonces, su equipo legal liderado por el abogado Marco López gestionó la aplicación efectiva del fallo, lo que se concretó con la reciente orden de embargo.
El punto de quiebre del convenio anulado fue la falta del quórum legal para negociar colectivamente, según el Código del Trabajo. No obstante, expertos advierten que esta interpretación es discutible, ya que el proceso en cuestión fue una negociación no reglada. “Es un caso controvertido, pero los jueces concluyeron que existió una intención de la empresa de dividir al sindicato más fuerte”, opinó el abogado Luis Lizama.
La resolución ha generado tensiones internas en la organización sindical. De los 105 trabajadores afectados, 32 actualmente son miembros del propio Sindicato N°1, lo que ha provocado cuestionamientos. “Nos parece insólito que nuestro sindicato y su abogado impulsen una medida que va contra sus propios socios”, comentó uno de los trabajadores, quien aseguró que algunos están evaluando renunciar a la agrupación. Muchos de los sancionados eran antiguos disidentes que abandonaron el Sindicato N°1 tras la huelga de 2017.
Abogados laboralistas coinciden en que se trata de un fallo sin precedentes, al ser un sindicato –y no la empresa– quien exige la restitución del bono. “No existe otro caso similar”, sostuvo Lizama. A pesar de las críticas, el Sindicato N°1 evitó hacer declaraciones públicas y señaló que está informando directamente a sus socios sobre los alcances del proceso judicial que aún sigue en ejecución.
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