El pacto entre SQM y Codelco, firmado el 31 de mayo de 2024, enfrenta desafíos legales en diversas instancias judiciales, incluida la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En este contexto, la comunidad indígena Coyo busca invalidar el acuerdo. En un escrito firmado por Gonzalo Aguirre, vicepresidente legal de SQM y que se publico en el Mercurio de Santiago la compañía solicitó al tribunal rechazar la petición, argumentando que la Asociación Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) ya había suscrito un acuerdo de voluntades para la formación de una mesa tripartita, donde se discutieron aspectos metodológicos sin objeciones por parte del CPA.
SQM sostiene que, según la normativa vigente, no es necesario realizar una consulta indígena específica para el convenio firmado con Codelco. La empresa argumenta que “el Acuerdo no es causa directa de un impacto específico ni significativo ni es susceptible de generar la afectación directa de la comunidad”. Sin embargo, también reconocen que la implementación completa del pacto depende de procesos de consulta indígena actualmente en desarrollo para cumplir con condiciones estipuladas en las modificaciones de contratos existentes.
La minera también respondió a críticas relacionadas con la falta de un proceso licitatorio previo, señalando que fue el Gobierno quien estableció que las negociaciones comenzaran con SQM debido a su operación actual en el Salar de Atacama. Según la empresa, “nadie tiene más experiencia para la explotación del litio en el Salar de Atacama” ni cuenta con la infraestructura necesaria, lo que facilitaría la entrada del Estado al negocio sin mayores retrasos.
Mientras tanto, desde Codelco evitaron realizar comentarios sobre el asunto, y el CPA no respondió a las consultas de la prensa. Por su parte, Corfo detalló que la consulta indígena en curso desde el 5 de noviembre se encuentra en etapa de planificación, con un diálogo activo con las comunidades para avanzar hacia la entrega de información y los próximos pasos del proceso.
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