SLEP Licancabur inicia sumarios contra 156 funcionarios traspasados desde municipios por uso irregular de licencias médicas

Los casos se concentran en Calama y Ollagüe; se esperan nuevos antecedentes desde otras comunas del norte.

A casi tres semanas de que la Contraloría General de la República (CGR) entregara los primeros informes sobre presuntas irregularidades, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur se prepara para enfrentar una serie de sumarios administrativos relacionados con el uso indebido de licencias médicas por parte de personal del ámbito educativo.

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Según consigna El Mercurio de Calama, la información recibida por el SLEP desde los municipios de Calama y Ollagüe, 156 trabajadores contratados bajo código docente serán sometidos a procesos administrativos. Debido a las normativas vigentes, la entidad explicó que “no se pueden entregar mayores antecedentes del proceso investigativo mientras este se encuentra en desarrollo por parte de los fiscales designados”. También mencionaron que aún falta recibir antecedentes completos desde otros municipios cuyos establecimientos fueron traspasados al SLEP, especialmente en las provincias de El Loa y Tocopilla.

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Desde la comuna de Ollagüe, el alcalde Jhean Ramírez detalló que de los seis funcionarios involucrados, “cuatro corresponden al municipio, uno a la fundación cultural y uno a la unidad educativa que hasta fines del año pasado era administrada por la institución consistorial”. Sobre este último caso, agregó: “Ahora le corresponde al SLEP Licancabur establecer las medidas investigativas y sancionatorias de así corresponder”.

De los casos actualmente confirmados, 155 funcionarios pertenecen a la comuna de Calama, y en los próximos días podrían sumarse trabajadores de San Pedro de Atacama, María Elena y Tocopilla, todos bajo jurisdicción del SLEP Licancabur.

Es importante destacar que los trabajadores del área de salud municipal y del sistema de educación pública, al estar contratados bajo los estatutos especiales de salud y del docente, deben enfrentar sumarios administrativos en caso de posibles irregularidades. En cambio, quienes se desempeñan en otros organismos vinculados a los municipios —como corporaciones de carácter privado o sin fines de lucro— están contratados bajo el Código del Trabajo, por lo que no están sujetos al mismo tipo de procedimiento disciplinario.

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