Belén Cortés Saavedra
El Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián ha publicado el primer Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO) en Chile, con el objetivo de cuantificar y analizar la incidencia de estos delitos en el país. Este estudio se basa en el análisis de 56 tipos de delitos registrados por el Ministerio Público durante 2022 y 2023.
Entre 2022 y 2023, se registraron 136.436 delitos asociados al crimen organizado, lo que equivale a una tasa de 775,49 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Al desglosar por regiones, Tarapacá lidera con 1.174 delitos por cada 100.000 habitantes, seguida por Arica y Parinacota con 844, y Antofagasta con 284. En contraste, las regiones menos afectadas son Los Lagos (81 delitos), O’Higgins (95) y Los Ríos (107). En términos de frecuencia ponderada por comuna, las comunas con mayor incidencia de delitos asociados al crimen organizado incluyen Quilpué, Lampa, Pudahuel, Arica, Alto Hospicio, Recoleta, Antofagasta, Viña del Mar y Santiago.
El informe destaca que, al controlar por tamaño poblacional, existe una “preocupante concentración del crimen organizado en la zona norte del país”. Además, señala que el tráfico ilícito de drogas es el núcleo de la criminalidad organizada en Chile, impulsando otras actividades delictivas y generando conflictos territoriales que aumentan la violencia. Asimismo, se observa una diversificación de delitos, incluyendo robos de vehículos, madera y cobre, así como delitos predatorios como extorsiones y secuestros. También se ha incrementado el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, atribuible a nuevos flujos migratorios.
La tecnología y el uso de armas de fuego han contribuido a la expansión y sofisticación de estas organizaciones criminales, que utilizan Chile como punto de tránsito y base operativa para diversas actividades ilícitas. El impacto del crimen organizado es profundo, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables y reforzando las desigualdades sociales, lo que limita el desarrollo económico y social en las regiones más afectadas.
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