En una votación clave en la Sala del Senado, el Congreso aprobó y despachó a ley la esperada reforma al Sistema Notarial y Registral, una transformación estructural que llevaba más de seis años de tramitación legislativa. Esta iniciativa —parte del proceso de modernización del Estado— establece nuevas normas de transparencia, fiscalización y calidad en el servicio, y busca poner fin a prácticas arraigadas y privilegios que han sido objeto de críticas ciudadanas.
La nueva legislación establece que los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros se realizarán mediante concursos públicos bajo el Sistema de Alta Dirección Pública, eliminando la figura de los cargos vitalicios al fijar un límite de edad de 75 años para ejercer funciones. Además, prohíbe la inclusión de familiares de autoridades en procesos de selección.
Otra medida destacada es la incorporación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como ente con facultades para fiscalizar. Desde ahora, este organismo podrá recibir y tramitar reclamos por atención deficiente, cobros excesivos o servicios irregulares.
“Este proyecto de ley va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía”, sostuvo la seremi de Justicia y Derechos Humanos en Antofagasta, Trissy Figueroa Rivera. Según explicó, la reforma establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios de funcionamiento, soporte digital obligatorio y mayor fiscalización para notarías, archiveros y conservadores del país.
La normativa también contempla digitalización del servicio, con acceso remoto y gratuito a registros, canales de reclamos en línea y mejoramiento de la infraestructura. En cuanto a las tarifas, se fija un sistema de precios máximos que será definido mediante un procedimiento técnico por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
Finalmente, la ley exige mejores estándares de atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos básicos de equipamiento tecnológico y condiciones físicas de las oficinas.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso y ahora será enviada al Tribunal Constitucional, para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al proceso legislativo vigente.
Ayuda a llegar a más gente!
