Pugna en el municipio de Calama por supuestos despidos y cambios de contratos

El concejal Claudio Maldonado manifestó que son cerca de 80 personas que serían desvinculadas. La administradora municipal lo desmintió.

A casi un mes de la asunción de la nueva administración municipal a cargo del alcalde Eliecer Chamorro, ya comienzan a darse los primeros dimes y diretes con el único concejal de oposición Claudio Maldonado, quien acusó al edil de despidos y cambios en los contratos a honorarios por razones políticas.

Situación que fue desmentida por la administradora municipal, Alejandra Álvarez, quien lamentó profundamente los dichos del concejal y enfatizó que carecen de toda realidad.

Versus

El concejal manifestó que “esta semana se ha despedido y notificado a más de 80 personas en diferentes fechas, algunos a fines de agosto, otros fines de septiembre y lo más triste que los que tienen renovación hasta el 31 de diciembre les están cambiando sus condiciones laborales que ya tenían establecidas con la administración anterior”.

Claudio Maldonado, concejal de Calama.

Ante esto, Álvarez replicó que la información proporcionada por Maldonado “no se condice con la realidad, carecen de veracidad”. Lo primero en desmentir fue el número de desvinculados, ya que “se notificó a siete funcionarios que fueron notificados de su extensión por dos meses de su contrato a honorarios que venció el 30 de junio, se les extendió hasta el 30 de agosto y con más de los 30 días que nos exige la normativa de aviso a dar termino a sus funciones municipales”.

En cuanto a los plazos de extensiones de contrato de tres meses la administradora municipal precisó que “hay un universo de trabajadores que se les extendió el contrato a honorarios hasta el 30 de septiembre y eso tiene que ver porque fueron contratados después del año 2017, por lo tanto, necesitamos conocer su evaluación de desempeño y eso lo están realizando cada una de las unidades donde se desempeñan estas personas”.

Alejandra Álvarez, administradora municipal.

Con respecto a las modificaciones de las condiciones contractuales, la funcionaria municipal explicó que “los contratos a honorarios han sido renovados en todo su contenido y con total respeto a los derechos laborales y los casos que fueron modificados corresponde a aquellos contratos a honorarios de proempleo, la gran mayoría de adultos mayores, que al no poder acceder a licencias médicas, principalmente, derivadas por contacto estrecho por Covid o afectados por la enfermedad no se les paga y para que no vean mermadas sus remuneraciones se les consideró permisos especiales para poder enfrentar estas situaciones sanitarias”.

Venganza

El concejal Maldonado enfatizó que se esta situación de despidos se debe a razones políticas y manifestó que “esperamos que el alcalde pueda entender que no son los tiempos para venganzas políticas, ni retroexcavadoras políticas con personas que necesitan y están comprometidos con su trabajo en el municipio de Calama, que han puesto la cara en esta pandemia, que han sacado un municipio adelante y que, por lo menos, se den las certezas de fechas como había quedado establecido en la administración anterior hasta el 31 de diciembre de este año y con las condiciones económicas y laborales que ya estaban establecidas”.

Eliecer Chamorro, alcalde de Calama.

En este sentido, desde el municipio aseguraron que los despidos no se deben a razones políticas, sino más bien a una auditoría externa de la Contraloría que encontró duplicidad de funciones y cargos no atingentes a las unidades donde desempeñaban sus funciones, además de una persona que tuvo una mala evaluación de desempeño.

Es por ello, que la administradora municipal enfatizó que no replicarán “la acción que llevó adelante la administración anterior” de “realizar despidos masivos con total desconocimiento y vulneración de los derechos laborales”. Situación que “hoy nos tienen enfrentados a una deuda previsional, una deuda de indemnizaciones muy importante generada por estos despidos masivos que realizó la administración anterior y que no fue capaz de resolver y pagar durante sus cuatro años, por lo tanto, nos toca a nosotros responderle a estos trabajadores que fueron vulnerados en sus derechos”.

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