PDI refuerza fiscalización migratoria en Antofagasta con control masivo en terminal de buses

La acción forma parte de los esfuerzos para supervisar el cumplimiento de la Ley de Migraciones y resguardar el orden público, según indicó el subprefecto Escobar.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta, junto a distintas unidades de la Prefectura Antofagasta y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, llevó a cabo un operativo de fiscalización migratoria a gran escala en el Terminal de Buses de la ciudad, ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda N° 5750.

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El control se realizó en diversos locales comerciales, tanto dentro como fuera del terminal, con un total de 24 personas fiscalizadas. Entre ellas había ciudadanos de nacionalidad venezolana (5), colombiana (4), boliviana (9), peruana (2) y chilena (5). Como resultado, ocho personas fueron denunciadas por infringir la Ley de Migración y Extranjería N° 21.325.

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El desglose de las denuncias es el siguiente: cinco mujeres —cuatro de nacionalidad venezolana y una colombiana— fueron denunciadas por ingresar de manera irregular al territorio nacional (Art. 32 N°3), y otra ciudadana colombiana fue sancionada por desempeñar actividades laborales sin autorización (Art. 109).

En tanto, dos mujeres bolivianas fueron acusadas de permanecer más tiempo del permitido en el país y de realizar trabajos sin los permisos correspondientes (Art. 50 en relación con los artículos 109, 107 y 119). Además, un ciudadano colombiano fue notificado de una orden de expulsión del país.

También se levantó una denuncia contra un ciudadano chileno, dueño de un local comercial, por tener contratada a una extranjera sin visa de trabajo ni permiso para desarrollar actividades remuneradas en Chile.

El subprefecto Cristhian Escobar, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta, expresó que: “Estas fiscalizaciones responden a nuestro mandato institucional de controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país. Nuestro objetivo es detectar situaciones de residencia irregular y verificar que las personas extranjeras ejerzan actividades conforme a la ley, resguardando con ello el orden público y la seguridad de la ciudadanía.”

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