Hace tres años, en la madrugada del 18 de septiembre de 2021, Carabineros de Calama ingresó en “cadena de custodia” una pieza clave de evidencia en el caso de una joven que hoy tiene 21 años y que denunció haber sido víctima de una violación grupal por parte de nueve cadetes del club Cobreloa. La evidencia, un vestido negro descrito por la víctima como “un vestido negro corto con tirantes de lycra, sin estampados”, fue entregada al oficial encargado en el Hospital Dr. Carlos Cisternas, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI).
Pese a la importancia de esta prueba, semanas después de la formalización de los imputados, se reportó que la evidencia había sido extraviada, lo que impidió la realización de análisis pendientes solicitados por los abogados de la víctima. Ante esta situación, la PDI abrió un sumario administrativo el 29 de mayo de 2023, para determinar las responsabilidades involucradas en la pérdida.
Además del sumario administrativo, el Ministerio Público inició una investigación penal que sigue abierta. No obstante, hasta la fecha, los antecedentes del caso no han sido formalmente informados a la parte querellante ni a las defensas. La Fiscalía Regional de Antofagasta ha evitado hacer comentarios, limitándose a señalar que las diligencias investigativas están en curso.
La abogada de la víctima, Patricia Muñoz, expresó su preocupación por la “manifiesta negligencia” de la PDI en este caso. “La pérdida de evidencia en cualquier investigación penal por parte de la policía resulta particularmente grave. Las policías son las llamadas a auxiliar al Ministerio Público en la investigación penal”, declaró. Además, señaló que la negligencia ya se había evidenciado anteriormente cuando la denuncia inicial de la víctima no fue debidamente atendida.
A pesar de la gravedad de la situación, Muñoz aseguró que la pérdida de la evidencia no pone en riesgo el caso contra los imputados, ya que “la imputación no varía de ninguna manera, considerando que no se discute ni se ha cuestionado la participación de los nueve imputados en el hecho por el cual fueron formalizados”.
Finalmente, Muñoz recalcó la necesidad de que se apliquen sanciones severas y no descartó la posibilidad de que la víctima ejerza acciones civiles o administrativas contra las instituciones involucradas por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.
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