Redacción
El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, anunció una ofensiva judicial y fiscalizadora contra el funcionamiento ilegal de locales vinculados al consumo problemático de alcohol y drogas en Calama, poniendo el foco en un recinto que ha reincidido en operar pese a múltiples clausuras. A las afueras del Juzgado de Garantía, la autoridad confirmó que se busca la aplicación de penas efectivas de cárcel para sus responsables.
“Primero queremos anunciar que estamos desde hoy iniciando una estrategia de control y de persecución en materia de alcoholes, consumo problemático de alcohol y drogas”, declaró Ballesteros.
En ese marco, el delegado informó que se ingresaron antecedentes al Tribunal de Garantía sobre la eventual reincidencia del local identificado como “Parcela 31”, ubicado en General Salvo, que fue clausurado en 2023 y que ha sido sorprendido operando en al menos tres oportunidades posteriores. “A nuestro juicio hay un quebrantamiento de una resolución del tribunal… creemos que eso es grave”, enfatizó.
Además, el caso fue derivado al Juzgado de Policía Local, desde donde se espera la aplicación del artículo 43 de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de alcohol. Esta normativa permite solicitar penas de cárcel ante un tercer quebrantamiento de una clausura. “Eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a los tribunales, que aquellos que persisten de funcionar de manera ilegal paguen como corresponde y en este caso es en la cárcel”, sostuvo.
El delegado también advirtió que el gobierno no solo continuará clausurando locales clandestinos, sino que aumentará la vigilancia sobre aquellos que reincidan, afectando su patrimonio. “Llevamos hasta ahora 27 clausuras… y en los próximos días vamos a seguir clausurando locales clandestinos y establecidos y los vamos a monitorear y los vamos a perseguir como corresponda los casos que insistan”, señaló.
El delegado también hizo un llamado a la responsabilidad compartida frente a este fenómeno, destacando que la “Parcela 31” ha vulnerado en tres ocasiones resoluciones judiciales, lo que a juicio de la Delegación constituye un quebrantamiento grave. “Creemos que hay que hacer valer la ley del Alcoholes en su artículo 43, que establece penas de cárcel para quienes por tercera vez han violado los sellos de clausura y han vuelto a funcionar, como es el caso de la Parcela 31”, afirmó. Junto con enfatizar que más del 30% de los homicidios del año pasado ocurrieron en fiestas clandestinas, muchas veces con participación de menores, Ballesteros subrayó que “los padres también tienen una responsabilidad en el control parental”. Agregó que además de fiscalizar, se requiere avanzar en prevención y rehabilitación: “Si queremos recuperar Calama, es una tarea de todos, no solo de las instituciones”.
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